El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha propuesto hoy la modificación de 21 artículos de la Ley Orgánica de Educación (LOE) relacionados con la ESO y la secundaria postobligatoria, mientras que las CCAA que gobierna el PP mantienen la vinculación de un pacto a la inclusión de principios "básicos".

Según el nuevo documento presentado por el Ministerio a los consejeros de Educación con vistas a un acuerdo, los artículos que se reformarían de la ESO tienen que ver con la agrupación de materias para reducir su número en los primeros cursos; las opciones de Bachillerato y FP de cuarto; y el adelanto de los programas de cualificación profesional inicial a tercero o mayores de 15 años que hayan cursado segundo.

También serían necesarios cambios para las evaluaciones generales de diagnóstico en sexto de primaria y cuarto de ESO; las convalidaciones entre Bachillerato y Formación Profesional de grado medio, la flexibilización de ambas enseñanzas y cursos de especialización posterior a FP.

En primaria, los alumnos que tengan que permanecer un año más en el mismo ciclo tendrían un refuerzo especial de lectura, escritura y cálculo.

Al margen de estos puntos, las consejeros del PP han pedido a Gabilondo que explicite de manera "clara y concisa" la respuesta a diez cuestiones "fundamentales".

Entre ellas, la libertad de enseñanza y elección de centro; la garantía de la educación en castellano; un currículum básico común en Historia, Geografía y Lengua y Literatura que vertebre el sistema educativo; el carácter nacional de los cuerpos docentes; el profesorado como autoridad pública y un consenso en los contenidos de la materia Educación para la Ciudadanía.

En rueda de prensa posterior a la conferencia sectorial, Gabilondo ha considerado, "como posición previa", que ésa es una asignatura "como las demás", no es un asunto "determinante" y "no es un problema educativo" de España, aunque ha mostrado disposición a que se estudien todas las propuestas.

Ha dicho que los diagnósticos de la OCDE y del Consejo Escolar del Estado sobre problemas como el fracaso y abandono escolares y sus soluciones no mencionan las cuestiones que plantea el PP.

Ha matizado, sin embargo, que el documento debatido hoy no elude la libertad de elección o el castellano, sino que las refleja de manera "adecuada", aunque insuficiente para el PP.

Así pues, habrá que seguir trabajando con la "mano tendida" para el consenso "entre todos los interlocutores", porque el debate y el pacto, si lo hubiere, "no son bipartidistas", sino con dimensión social, ha precisado.

Se trata de dar respuesta "en la medida de lo razonable sin poner el tela de juicio el consenso logrado", ha apostillado.

Sobre el castellano, ha recordado que los planteamientos de la LOE y de la LOCE (ley educativa aprobada cuando gobernaba el PP) son prácticamente iguales y se "está buscando el consenso".

Ha explicado que el documento habla de impulsar actuaciones específicas, especialmente de lectura, para que todo el alumnado se exprese correctamente de forma oral y escrita en lengua castellana y y también lenguas cooficiales.

En relación con la libertad, ha citado el objetivo de la educación como bien público y derecho público de toda la sociedad y la participación efectiva de todos los sectores en la programación de la oferta educativa.

En cuanto a los centros concertados, no se cuestionan, pero tienen que compartir obligaciones.

La consejera de Madrid, Lucía Figar, ha indicado que el texto no representa avances "sustanciales", ni reformas "de calado", ni unos "mínimos" para que el PP se sume a un gran pacto de Estado.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha advertido de que el pacto educativo que pretende alcanzar el Gobierno no puede ser un "trágala" para que las comunidades autónomas acepten el sistema "derivado de la LOGSE y de la LOE".

El consejero de Cataluña, Ernest Maragall, ha reclamado al PP "voluntad política" y que no busque el "refugio fácil de los principios" para imposibilitar o dificultar el acuerdo.

El Ministerio convocará varias reuniones en marzo con las organizaciones escolares; todos los grupos parlamentarios; la mesa de diálogo social de educación y las consejerías de Universidades, con la idea de que el pacto, que tendría memoria económica, salga adelante o no definitivamente a finales de mes.