El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy por unanimidad suspender cautelarmente de sus funciones al juez Baltasar Garzón tras haberle abierto el Tribunal Supremo juicio oral por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.
El presidente del CGPJ, Carlos Dívar, ha convocado para las 18:00 horas a la Comisión Permanente para estudiar la solicitud de declaración de servicios especiales presentada por Garzón para trasladarse al Tribunal Penal Internacional (TPI) como consultor externo de la Fiscalía de este órgano.
Así lo ha anunciado la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, al término del pleno extraordinario que se ha prolongado durante cerca de 3 horas, en el que los 17 vocales más el presidente han acordado suspender a Garzón en cumplimiento de los artículos 383.1 y 384 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).
El pleno ha entendido, según Bravo, que la suspensión viene determinada por el auto del magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela por el que abre juicio oral al juez de la Audiencia Nacional.
La portavoz ha explicado que a Garzón se le ha comunicado por teléfono esta decisión y que quedará suspendido en cuanto se le notifique la resolución y su fundamentación jurídica, que se redactará "lo antes posible".
Preguntada por el plazo que puede tener esta suspensión cautelar, Bravo ha señalado que se prolongará "durante todo el tiempo que dure el procedimiento y hasta que se dicte sentencia".
Respecto a si la ley permite a un juez suspendido concederle un permiso para trasladarse a un órgano como el TPI, la portavoz ha indicado que precisamente es esta cuestión la que estudiará y resolverá la Comisión Permanente.
Esta Comisión está integrada por los vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra, los del sector conservador Antonio Dorado y Manuel Almenar más el presidente, Carlos Dívar.
En la reunión verán los informes que fueron solicitados por el órgano de gobierno de los jueces a la Fiscalía del TPI, al Ministerio de Asuntos Exteriores y a los servicios de inspección y personal del propio CGPJ.
También estudiarán un escrito que remitió ayer al Consejo el juez de la Audiencia Nacional en el que le recuerda que está pendiente de resolverse en el Tribunal Supremo el auto de Varela en el que anticipaba su decisión de sentarle en el banquillo.
Además, esta mañana ha entrado en el registro del CGPJ un escrito del fiscal jefe del TPI, Luis Moreno Ocampo, en el que aclara las condiciones de trabajo y de contratación a Garzón, y otro del abogado del juez en esta causa, Gonzalo Martínez-Fresneda, en el que comunica que ha presentado un recurso pidiendo la nulidad del auto de apertura del juicio oral.
La carta de Moreno Ocampo explica que la contratación de Garzón sería por 7 meses y busca que aporte su experiencia en el ámbito de la investigación de crímenes contra la Humanidad respecto a varios países.
Preguntada por si no teme por el prestigio de la Justicia en España por el hecho de que este procedimiento se iniciara por querellas de formaciones de la ultraderecha, Bravo ha expresado el respeto del CGPJ a las discrepancias y la dimensión mediática que ha provocado este asunto.
"En España tenemos un sistema judicial garantista y tenemos unos jueces constitucionales que desde su independencia y su responsabilidad aplican las leyes", ha explicado la portavoz, que ha recordado que en los 30 años de democracia el Tribunal Supremo ha dado "muestras evidentes" de que ha actuado siempre conforme a Derecho.
El pleno, antes de abordar la suspensión, ha rechazado la recusación de la vocal Gema Gallego que había sido planteada por Garzón y ha aceptado que José Manuel Gómez Benítez se abstuviera por haber ejercido como abogado del titular del Juzgado central de Instrucción número 5.
En el pleno tampoco han intervenido ni el vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces, Fernando de Rosa, ni la vocal Margarita Robles porque se apartaron de este asunto tras conocer que el juez de la Audiencia Nacional les había recusado.
Durante la celebración del pleno extraordinario, un grupo de familiares de víctimas del franquismo se ha concentrado frente a las puertas del CGPJ en apoyo del magistrado, portando una bandera republicana y pancartas en las que se criticaba la decisión de Varela.
Entre ellos, se encontraba la abogada Cristina Almeida para quien la suspensión de Garzón es "una canallada" cuando hay varios recursos pendientes de ser resueltos en el Supremo.