El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, advirtió ayer de que "aquellos que no paguen las multas lo van a tener mucho más complicado" a partir del próximo 25 de mayo, cuando entra en vigor la mayor parte de la última reforma de la Ley de Tráfico.
Durante la rueda de prensa de presentación de esta norma, que se aprobó a finales de 2009, Rubalcaba calificó la reforma de "más fácil, más sencilla y más justa" que la norma que había hasta ahora y subrayó en varias ocasiones que los conductores que quieran pagar "lo podrán hacer más barato", ya que los infractores podrán acogerse al 50 por ciento de descuento si pagan en los primeros 15 días después de haber sido notificados renunciando a hacer alegaciones.
El principal objetivo de la reforma, según indicó Rubalcaba, es conseguir un "carné por puntos lo más eficaz posible", lo que implica reducir el plazo entre que se comete una infracción y se paga la multa, que antes de la reforma oscilaba entre los cinco meses y dos años. Con la reforma, Rubalcaba confía en que este periodo se reduzca como máximo a cinco meses.
Morosos sin escape
Además, la reforma pretende lograr que el 25 por ciento de infractores que actualmente no pagan sus multas, y que son "la gente que más infracciones acumula", no puedan "escaparse" de pagar mediante "farragosos procedimientos administrativos". "Los que quieran pagar la multa, que son la mayoría, lo podrán hacer lo antes posible y además van a ahorrarse dinero", subrayó el ministro.
Entre las principales novedades de la ley, se encuentra la eliminación de la suspensión del carné de conducir como sanción, que actualmente se aplicaba por faltas graves y muy graves. En total, hasta ahora se suspendían alrededor de 100.000 carnés de conducir al año.
Asimismo, se homogeneiza la cuantía de las multas en todas las ciudades de forma que una infracción leve costará 100 euros, una grave 200 euros y una muy grave 500 euros, mientras que hasta ahora cada ayuntamiento podía variar dentro de una franja determinada la cuantía de las sanciones. "Todas las sanciones serán de idéntica cuantía en todos los ayuntamientos", subrayó Rubalcaba.
Por otro lado, se aumenta de uno a cuatro años el plazo de prescripción de sanciones pecuniarias y se destina todo el dinero que se recaude en multas a seguridad vial.