El Ejecutivo central indicó hoy que, entre sus planes de inversión para el presente año en materia de actuaciones medioambientales, se prevé destinar 85 millones de euros para adquirir fincas en La Coruña, Pontevedra, Tarragona, Baleares y Canarias, de cara al "control del continuo deterioro físico de la costa española" donde hay "graves problemas de regresión costera".

Así lo informó hoy el secretario general del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Ambiente y Marino (MARM), Juan Carlos Martín Fragueiro, durante una comparecencia en el Senado. En esa intervención, también aludió a la realización de un estudio ecocartográfico de las islas de Menorca, Ibiza y Formentera, y avanzó que entre otras actuaciones del Ministerio se encuentra la ampliación y desarrollo de la Bahía de Sóller por un valor de 4,3 millones de euros.

Además, destacó que el MARM está realizando un "esfuerzo supeditado a las condiciones presupuestarias" en la adquisición de fincas, tanto para continuar desarrollando el deslinde del dominio público hidráulico, que en la actualidad asciende al 92 por ciento, como de terrenos colindantes de elevado valor ecológico. A este objetivo se destina alrededor del 85 por ciento del presupuesto de Sostenibilidad de la Costa.

En ese sentido, precisó que en este ejercicio se prevé destinar 85 millones de euros para adquirir fincas en La Coruña, Pontevedra, Tarragona, Baleares y Canarias, de cara al "control del continuo deterioro físico de la costa española" donde, en su opinión, hay "graves problemas de regresión costera".

Asimismo, Fragueiro se refirió a que se dedicaron 2009 casi 25 millones de euros a la adquisición de fincas en Baleares, La Coruña, Pontevedra, Tarragona, que se unen a 2,5 millones a desarrollar en 2010 para actuaciones medioambientales en fincas adquiridas por el Ministero.

El secretario general aseguró que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) está "tramitando y otorgando" las oportunas concesiones y autorizaciones para las instalaciones hoteleras de playa, fijas o desmontables, "de acuerdo a lo previsto en la legislación" a través de su inclusión en los servicios de temporada de los Ayuntamientos.

Además, insistió en que se están estudiando las "circunstancias concretas" de algunos de ellos para valorar la "excepcionalidad". Fragueiro recordó que las instalaciones fijas no pueden superar los 150 metros cuadrados.

Asimismo, indicó que deben mantener una separación mínima de 200 metros de distancia, tanto si se encuentran en dominio público como si están en zonas cercanas que también se deben proteger, mientras las desmontables tendrán una ocupación máxima de 20 metros cuadrados, con una separación mínima de 100 metros respecto a otras.

"Estas son las normas", subrayó Martín Fragueiro, al apuntar que en España hay más de 1.800 instalaciones de este tipo en terrenos del dominio público marítimo terrestre, "con problemas en un porcentaje muy limitado de ellos", por lo que descartó que se trate de un asunto "generalizado" ya que las situaciones de conflictividad son "poco relevantes".

Fragueiro detalló que en Andalucía existen 642 instalaciones; en Valencia 394, de las que sólo 8 presentan problemas y 26 precisan alguna modificación y que se han otorgado todos los servicios en Castellón y Alicante; en Murcia, hay 10 instalaciones, dos de ellas con algún incumplimiento en el título de propiedad; Baleares, cuenta con 100 instalaciones, de las que 50 son desmontables; en Canarias, Las Palmas cuenta con 30 instalaciones y Tenerife, con 17 fijas y 28 de temporada.

Mientras, Cataluña dispone de 137 en Girona, 141 en Barcelona y 196 en Tarragona; País Vasco, 22 instalaciones fijas con problemas en el 15 por ciento; Cantabria, 17 instalaciones, de las que 10 son fijas y 7 desmontables; Asturias dispone de 10 fijas y 50 servicios de temporada; y Galicia, tiene 14 instalaciones fijas y 142 de temporada en La Coruña, y 2 fijas y 200 de temporada en Pontevedra.