El Tribunal Constitucional admitió a trámite los recursos del PP y el Gobierno de Navarra contra diversos preceptos de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, al tiempo que establece que se oiga al Gobierno, al Congreso y al Senado para que, en el plazo de tres días, formulen alegaciones a la petición del PP de suspensión cautelar de los preceptos recurridos de la norma, que entra en vigor el próximo lunes.

Así, el Alto Tribunal da traslado de ambas resoluciones al Ejecutivo y las dos Cámaras para que formulen alegaciones, en el plazo de 15 días en relación a la admisión a trámite de los recursos. Al mismo tiempo, pide que se les oiga en relación a la petición de suspensión cautelar para que, en el plazo de tres días, puedan hacer alegaciones.

Concretamente, el pleno del TC, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por más de 50 diputados del grupo parlamentario popular del Congreso de los Diputados y, en su representación y defensa, por el Comisionado don Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde, contra ocho preceptos de la norma.

Del mismo modo, el pleno del Constitucional acordó, a propuesta de la Sección Primera, admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Navarra contra el párrafo segundo de la disposición final quinta, el artículo 14 en relación con el 17 y el artículo 19.2 de la Ley.

Aído, con la ley

Asimismo, establece, conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, dar traslado de las demandas y los documentos al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, para que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes.

Igualmente, en cuanto a la solicitud de suspensión cautelar formulada por el PP establece que se oiga a Ejecutivo y Parlamento para que, en el plazo de tres días puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, subrayó que "no tiene ninguna duda" de la "plena constitucionalidad" de la ley, ya que se trata de una normativa "garantista", que "respeta totalmente los límites marcados en su día" por el TC en línea "con lo que tienen establecido las distintas legislaciones europeas".

Aído considera que "entra dentro de la normalidad" la admisión a trámite por parte del TC de los recursos del PP y del Gobierno de Navarra y anunció que la Abogacía del Estado presentará en los próximos días las alegaciones correspondientes.

De este modo, mostró su convencimiento de que la normativa entrará en vigor el próximo lunes, tal como estaba previsto y, en esta línea, confió "plenamente" en el TC "y en la acción que desarrolla".

Por otro lado, destacó que la ley del aborto ha sido "debatida, meditada y muy equilibrada" y, además, añadió que ha tenido un "amplio debate a lo largo de casi dos años en el Parlamento y en el Gobierno, al tiempo que se creó un grupo de expertos".

Además, el Congreso de los Diputados no tiene intención de presentar alegaciones ante el TC en relación al recurso contra esta ley ni a la petición de los populares de suspender su entrada en vigor hasta que se produzca el fallo, ni al propio contenido de la impugnación, según informaron ayer fuentes de la Mesa del Congreso.