Las once autonomías con competencias en la gestión de la Administración de Justicia han acordado hoy en un documento reclamar jueces de adscripción territorial y de refuerzo u órganos colegiados de instancia dentro del nuevo modelo de oficina judicial, así como las competencias en materia de personal.

Los consejeros encargados de justicia de andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco, se han reunido durante dos días en Valencia para analizar la implantación de la nueva oficina judicial.

En una conferencia de prensa posterior a la última reunión, la consellera de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha destacado que ha habido consenso en reclamar la adecuación de la implantación de la oficina judicial a la realidad económica.

Las nuevas unidades judiciales que entren en funcionamiento este año y los próximos deben adaptarse a la realidad económica y del nuevo modelo, facilitando a las comunidades el tránsito desde la unidad judicial clásica.

Así, han insistido en aumentar el número de jueces y especialmente la figura de los jueces de adscripción territorial sin necesidad de estructuras fijas y permanentes, excepto donde sea necesario, según han concretado fuentes de la Comunidad de Madrid.

Además, las comunidades deben disponer de los instrumentos necesarios para poder organizar la Administración de Justicia, entre ellos las transferencias de competencias de personal y la vinculación directa de los secretarios judiciales a decisiones en determinadas materias en sus respectivos ámbitos territoriales.

La culminación del proceso de nueva oficina judicial ha de implicar el mínimo impacto presupuestario, según recoge el documento acordado por los consejeros, que insta al Ministerio de Justicia a la constitución urgente de una comisión con representación de las Comunidades Autónomas para llevar a cabo las actuaciones necesarias para la reforma inmediata de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En materia de financiación de la justicia, reclaman su participación en la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales y en sus rendimientos, así como en las tasas.

Piden al Ministerio que durante el mes de septiembre comunique a las comunidades las previsiones de las cuantías que transferirá, el calendario y el procedimiento de pago.

Otra de las cuestiones tratadas ha sido pedir la urgencia de la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y apostar por la resolución alternativa de conflictos para una mejor racionalización de los recursos.

Han propuesto que la Conferencia Sectorial sea convocada con mayor asiduidad y que la próxima reunión se celebre en septiembre, así como que se cumplan los acuerdos adoptados en las reuniones anteriores de las once comunidades celebradas en Barcelona y Pamplona.

La próxima reunión de las autonomías con competencias en justicia se celebrará en Santander en febrero de 2011, según ha avanzado el consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados.