El polémico catálogo de especies amenazadas del Archipiélago recientemente aprobado por el Parlamento regional fue el único que planteó dificultades en la negociación con el Ministerio de Medio Ambiente. "Las diferencias se planteaban sobre todo con Canarias, mientras que con otras comunidades autónomas sólo surgió "algún problema puntual", explicó ayer en Adeje el subdirector general de Evaluación Ambiental de este departamento de la Administración del Estado, Miguel Aymerich, quien hasta hace poco ejercía como subdirector general de Biodiversidad.

Según Aymerich, "no se dieron situaciones parecidas con otras comunidades", dado que la ley aprobada en diciembre de 2007 "deja claro que ninguna especie puede tener una categoría inferior en el catálogo autonómico respecto al nacional", recordó el cargo del Ministerio de Medio Ambiente.

Las diferencias surgidas ante las intenciones del Ejecutivo canario trataron de solventarse en una negociación con el Estado. "Entonces no se llegó a ningún acuerdo", indicó Aymerich, quien, no obstante, celebra que se haya producido una "rectificación" por parte del Gobierno autónomo al tramitarlo no como decreto sino como proyecto de ley (presentado, en rigor, por el grupo parlamentario de Coalición Canaria).

A su juicio, "lo ideal hubiera sido que se produjera un acuerdo general de todas las comunidades autónomas y el Estado para aprobar primero el catálogo nacional (actualmente en revisión) y luego actualizar los regionales". El texto nacional debería haber sido aprobado ya, según las previsiones iniciales. Este retraso se deriva de las "discusiones sobre algunas especies", y ha obligado a las comunidades -y no sólo a Canarias, matizó Miguel Aymerich- a actualizar sus catálogos para "dotarse de una mayor seguridad jurídica en algunas actuaciones".

En cuanto a las consecuencias que este debate pudiera tener sobre las obras del puerto de Granadilla -que fueron paralizadas de forma cautelar debido a la protección de los sebadales presentes en la zona, ahora rebajada en el nuevo catálogo regional-, el subdirector general de Evaluación Ambiental precisó que "la ley no tiene efectos retroactivos", y que "si la Unión Europea ha dado luz verde, eso se valorará".

En este sentido, Aymerich recordó que el proyecto portuario cuenta con declaración de impacto ambiental y que "ha tenido el visto bueno tanto de nuestra propia legislación como de la Unión Europea". En este punto aclaró que el dictamen emitido por la Comisión Europa plantea medidas compensatorias y presenta "un grado de exigencia muy elevado" respecto a otras actuaciones que, a su entender, "debería ser suficiente garantía".

En el mismo curso, su director, Miguel Castroviejo, detalló el camino que el proyecto del puerto de Granadilla ha seguido ante las instituciones europeas. El procedimiento formal que los detractores de esta infraestructura han desarrollado es una queja ante los servicios de la Comisión Europea, que en su momento exigió la "aplicación estricta" de la Directiva de Hábitats y reclamó el "medidas compensatorias" que, una vez garantizadas, hicieron que la Unión Europea quedara "satisfecha". Como el representante del Ministerio, Castroviejo aseguró que el dictamen del Ejecutivo comunitario impone condiciones "que son de las más exigentes y claras que se le pueden poner a un proyecto".

Miguel Aymerich intervino en el curso "Un objetivo para 2020: ¿Hacia una protección real de la biodiversidad?". Expuso las razones "económicas, éticas, estéticas y culturales" para trabajar por la protección de las especies.

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