España se ha convertido hoy en el primer país del mundo en adaptar su legislación a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, al aprobar el proyecto de ley que refuerza los derechos de este colectivo.
En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Gobierno ha modificado once leyes, para garantizar la no discriminación y su plena integración en la sociedad, según la referencia del Consejo.
Así, el cupo de las ofertas de empleo público para personas con discapacidad pasa del 5 al 7 por ciento, un aumento que deberá cubrirse por personas con discapacidad intelectual.
El Ejecutivo ha adaptado la definición legal de "persona con discapacidad" a la contenida en la Convención: quienes presenten deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que impidan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones.
Se modifica también el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
De esta forma, en el supuesto de que las instituciones que prestan servicios sociales cometiesen una infracción muy grave, se contempla la posibilidad de que esto conlleve la inhabilitación definitiva para el ejercicio de estas actividades.
En los procesos judiciales en los que se deduzca que ha habido discriminación por razón de discapacidad, se invertirá la carga de la prueba, es decir, corresponderá a la parte demandada probar que no ha habido discriminación, tal y como ocurre en los casos de desigualdad por razón de género.
En materia de sanidad, se modifican diversas leyes para que una persona con discapacidad pueda tomar por sí misma decisiones en procesos sanitarios, como trasplantes, recibiendo para ello la información necesaria en formatos accesibles.
En cuanto al empleo, además del aumento de plazas reservadas para discapacitados, el Gobierno tendrá un plazo de un año para promover medidas que aseguren el cumplimiento efectivo de que el 2 por ciento de estos puestos se destine a este colectivo, en las empresas de más de cincuenta trabajadores.
Todos los proyectos de infraestructuras de interés general de transporte promovidos por la Administración incorporarán una memoria de accesibilidad para estas personas.
En materia de protección civil, se regulan protocolos de actuación específicos para garantizar la asistencia a las personas con discapacidad en situaciones de emergencia.
El proyecto prohíbe la discriminación por discapacidad en la contratación de todo tipo de bienes y servicios, con particular énfasis en la adquisición de seguros, de modo que no se les impongan condiciones más gravosas que al resto de la población.
España fue uno de los primeros países en ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y el primer país en remitir a la ONU su informe sobre el grado de cumplimiento de esta Convención.
Por otra parte, el Consejo de Ministros ha recibido un informe de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, en el que hace balance sobre las actuaciones del Gobierno en esta materia.
En España, de acuerdo con la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia, el 9 por ciento de la población, cerca cuatro millones de personas, se encuentran en situación de discapacidad y, por tanto, en riesgo de exclusión.