Las asociaciones de familiares de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo han exigido al Gobierno que modifique la Ley de Memoria Histórica en el tercer aniversario de su entrada en vigor, al considerar que se ha quedado "pequeña".
El estado de salud de la ley es "bastante débil", según el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, quien criticó el incumplimiento de algunos de los "deberes" que asumió el Gobierno en esta norma.
El presidente de la asociación explicó que queda mucho trabajo pendiente para contar con un mapa de fosas en España y censuró que el Ejecutivo haya adquirido un compromiso a través de una ley y luego lo "rebotara" a las comunidades autónomas, provocando "una bronca política artificial".
También opinó que el Valle de los Caídos está "en una especie de limbo" y "no acaba de convertirse en un centro que recuerde a quienes lo construyeron".
Además, el portavoz de la asociación lamentó la pasividad del Gobierno a la hora de eliminar los símbolos y la nomenclatura de calles y espacios públicos en distintas ciudades de España que "exaltan a los responsables de los asesinatos de miles de personas durante la Guerra Civil y el franquismo".
Los desaparecidos
Emilio Silva también reclamó al Ejecutivo que se responsabilice de la búsqueda de los desaparecidos en este periodo, de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, al considerar "no es posible que las familias que sufrieron el daño se hagan cargo de las exhumaciones".
Por su parte, la secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, estimó que la Ley de Memoria Histórica se ha quedado "pequeña" para dar respuesta a los colectivos memorialistas que se están transformando en un movimiento de lucha contra la impunidad de los crímenes fascistas.
Paqui Maqueda pidió al Gobierno que modifique la ley para que recoja la anulación de las sentencias fascistas y el Estado asuma la responsabilidad de localizar, exhumar y entregar los cuerpos a los familiares.
España es el único país del mundo, según Amnistía Internacional, donde los familiares reciben subvenciones para buscar a sus desaparecidos, aseguró la representante de la plataforma.