Un 60 por ciento de los profesionales jurídicos considera que el nuevo Código Penal, vigente desde el pasado 23 de diciembre, tendría que haber previsto la figura de la cadena perpetua revisable para delitos especialmente peligrosos, según una encuesta realizada a más de 1.300 expertos.
Según el estudio realizado esta semana por el grupo Wolters Kluwer,
un 56 por ciento de los profesionales del Derecho cree que esta figura tendría cabida en el ordenamiento jurídico español aunque la circunscribe a casos de "delincuencia especialmente peligrosa".
Además, un 32 por ciento de los consultados está convencido de que la reforma del Código Penal da una mejor respuesta a nuevas formas de delincuencia, como son los ataques informáticos o la corrupción deportiva.
Por su parte, el 30 por ciento de los encuestados piensa que el principal objetivo del nuevo texto es endurecer las penas de los delitos que causan una mayor alarma social mientras que el 20 por ciento opina que la modificación ha buscado desarrollar las directivas comunitarias en esta materia. A este porcentaje, le sigue un reducido número de expertos --7 por ciento de ellos-- que valora que la principal finalidad ha sido perseguir los delitos de corrupción.
FALTA DE MEDIOS EN JUSTICIA
Además, hasta un 92 por ciento de los encuestados desconfía de que la Administración de Justicia tenga los medios económicos y personales suficientes para hacer efectivas las indemnizaciones o las multas dictadas por los jueces.
Por otro lado, el 61 por ciento de los profesionales consultados no se muestra favorable a acometer una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que la Fiscalía asuma la instrucción penal de los casos.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ya se ha posicionado en diversas ocasiones en contra de la implantación de la cadena perpetua revisable en el ordenamiento jurídico y ha advertido de que para implantar esta figura sería necesario reformar la Constitución.
Por otra parte, los padres de Marta del Castillo, asesinada con 17 años en 2009, entregaron el pasado noviembre 1,6 millones de firmas en el Congreso para pedir la legalización de la cadena perpetua revisable y el cumplimiento de las condenas íntegras sin beneficios penitenciarios para delitos graves.