Cuando su madre le cuenta que "el abuelo Ginés" no había muerto de tuberculosis, como siempre había afirmado la familia, sino que fue fusilado por ser maestro republicano, afiliado a Izquierda Republicana y miembro del Frente Popular, Floren Dimas Balsalobre emprende en 1972 su investigación sobre la represión de la dictadura franquista, y en 1995 participa en la fundación de la primera institución de recuperación de la memoria histórica con el nombre de Asociación de Amigos de los Caídos por la Libertad (1939-1945), que preside hasta el pasado año.

Es la primera entidad, registrada hace 16 años, para la recuperación histórica de las víctimas del franquismo, por iniciativa de un grupo de familiares de los republicanos de la región de Murcia fusilados tras la Guerra Civil. Tiene en su haber el análisis de 6.000 expedientes judiciales de tribunales populares y consejos de guerra de tres provincias españolas. Hoy viernes, a partir de las ocho de la noche, este investigador histórico disertará la sede de Izquierda Unida Canaria (IUC) en Los Realejos sobre "¿Quién teme a la memoria histórica?

Dimas Balsalobre señala en una entrevista con EL DÍA la conveniencia de que "la Cruz de los Caídos de la plaza de España se reconvierta en monumento a las víctimas del franquismo y que se reoriente el Ángel de la Victoria de la avenida de Anaga por completo, que se le identifique como un vestigio de la dictadura sanguinaria y un homenaje a sus víctimas".

Usted se ha especializado en el estudio de los tribunales populares y consejos de guerra de la contienda civil hasta el final de la dictadura.

Mi afán por conocer los entresijos y consecuencias de la represión franquista, como consecuencia de enterarme del destino que tuvo mi abuelo me indujo a indagar sobre el mundo de los consejos de guerra y de la propia naturaleza de la contienda civil. Como yo hay miles de españoles que quieren conocer la historia, una vez superado los miedos insuflados por el franquismo. Esa curiosidad me llevó a saber por qué mataron a mi abuelo y adentrarme en el mundo de los consejos de guerra, de aquella farsa, y de la represión en cualquiera de sus expresiones. También a través de la investigación histórica se ha podido desmitificar la creencia de que los tribunales populares de la República los formaban bandas de desalmados, dado que, por el contrario, se caracterizaban por sus garantías procesales, como así consta en documentos de comienzos de la dictadura. Una parte importante de los tribunales populares eran la quinta columna, por increíble que pudiera parecer, partidarios de Franco, instalados en el aparato judicial popular de la República.

¿Qué diferencias aprecia en ambos sistemas?

Coincidimos plenamente historiadores de diversas zonas del país en que la naturaleza de la represión franquista fue la misma, una operación de exterminio físico, moral e intelectual de la izquierda desde su raíz e impedir, al finalizar la guerra, en un territorio tan grande como España, un nuevo brote verde de democracia. Por ejemplo, desde un análisis de la historia, Fayfes, sobre todo del trabajo de Pedro Medina y su hermano, fue una estación de deportación, con destino en el fondo del mar, campos de trabajo o a la cárcel en condiciones infames. Muchos isleños fueron conducidos a la desesperación y la muerte.

Las exhumaciones practicadas en fosas comunes han dado lugar a una importante controversia que ha llegado a instancias judiciales.

Las autoridades españolas ignoran el cumplimiento de la ley y tratados internacionales y se aprecia una indefensión en los familiares de las víctimas. Hay entidades que sólo se conforman con la práctica de exhumaciones extrajudiciales sin garantías jurídicas, con criterios exclusivamente arqueológicos, sobre la identidad de los restos. Creemos que es tarea de los jueces dictar la exhumación de los restos. Cuando los asesinatos como los registrados durante la dictadura se hacen con fines de exterminio, se consideran crímenes contra la humanidad. El Estado español se ha visto obligado a armonizar las normas sobre derechos humanos con la legislación europea con 32 años de retraso. El artículo 607.bis del Código Penal califica sin nombrarlos los crímenes contra la humanidad cometidos por el franquismo y debe ser modificado por no ser retroactivo. De esa manera, se evita una colisión con la Ley de Amnistía de 1977, que exime de la responsabilidad por los crímenes cometidos hacia atrás durante el franquismo, una especie de punto final. La legislación española de la democracia ampara los crímenes de la dictadura franquista, al mantener la citada norma, que es nula de pleno derecho e incumple la legislación internacional.

¿Qué impresión le merece la Ley de Memoria Histórica?

Considero que la Ley de Memoria Histórica adolece de injusticia y omite términos tales como crímenes o asesinatos, establece una equidistancia, habla de violencia de dos bandos. No hay dos bandos, sino un grupo de bandidos que se sublevan en 1936 contra el poder legítimamente establecido, surgido de unas elecciones. Esta norma no fija ningún tipo de investigación judicial, privatiza las exhumaciones.La memoria histórica devuelve a los ciudadanos la conciencia de que el pueblo puede cambiar y dotarse de instituciones que les sean fieles y no a unos intereses corporativos que es lo que sucede con España. El pueblo no se ve representado en las instituciones y cuestionamos, además, la forma de Estado.

¿Qué le sugiere el Día de la Recordación del Holocausto?

El campo de concentración nazi de Austzwich es el emblema de la represión nazi, cuyo alcance va más allá de los que se proyecta en los medios de comunicación, dado que encarna la persecución de la persona en por razón de su raza, religión, condición social y pensamiento. Ese pasaje oscuro de la humanidad sigue latente en la sociedad y, en cierta manera, se está repitiendo. El nazismo se presenta bajo otra forma, con otros uniformes o sin ellos.Lo peor es que no estamos vacunados contra esa tendencia. Aquí hemos de ser especialmente sensibles porque gente de las Islas Canarias, por citar un ejemplo, fueron afectadas por el holocausto directamente, especialmente, quienes escaparon hacia Europa o se enrolaron en el ejército republicano y luego fueron apresados y deportados a campos de concentración y de exterminio, en Francia, Alemania y Polonia. Las sinrazones del holocausto siguen instaladas en una parte del ideario político español, quizás más camuflado de otra manera, que se evidencian en los artículos periodísticos contra la inmigración, a cuyos afectados se les aplica el estatus de delincuentes.

Reabrir para curar

A las asociaciones de la Memoria Histórica se les suele acusar de volver a abrir las heridas del pasado. ¿Qué piensa al respecto?

Cuando se habla de reabrir heridas, se nos está dando la razón a los que estamos por la Justicia, porque se reconoce que realmente la hay y, si existe, es porque no se ha restañado todavía y la única manera de sanar es reabrirla para curarla definitivamente. El mayor patrimonio a la humanidad es el derecho a la vida y a la justicia y no hay ninguna razón de tipo ecológico ni legal que sea superior a eso, en relación a la posibilidad de que se efectúen prospecciones en las Cañadas del Teide para localizar posibles fosas comunes de represaliados por el franquismo. Los muertos también tienen derecho a la justicia. La asociaciones de la memoria histórica somos la voz de quienes no la tienen. En 32 años de democracia nadie hablado por ellos, salvo las asociaciones de la memoria histórica. Los jueces califican como delito común lo que son crímenes contra la humanidad y, por tanto, tales delitos, son perseguibles, de acuerdo a las leyes internacionales que obligan a España por tratados supranacionales.