El representante del Foro Social Mundial de las Migraciones Iván Forero aseguró hoy que el derecho de asilo en Europa está en peligro de extinción, después de que el Gobierno español sólo admitiera a trámite seis de las 22 peticiones presentadas por los saharauis que llegaron a Fuerteventura.

"Hoy en día podemos afirmar que el derecho de asilo en Europa es un derecho en extinción y que hay una política sistemática para impedir que se pueda aplicar", opinó Forero en una entrevista a Efe.

El experto en derechos humanos indicó que la injusta situación que está viviendo el pueblo saharaui se presenta en otras latitudes y regiones de Europa, motivo que lleva a que se estén creando mecanismos para que sea en terceros países, fuera de la UE, donde se pueda asumir esa protección internacional.

El Congo, Costa de Marfil, Níger, Sahara Occidental, Irak y Colombia son los principales países de donde proceden la mayor parte de extranjeros que piden asilo en Europa.

De entre todos ellos destacó el caso de los iraquíes, quienes se han desplazado hasta El Cairo (Egipto) para pedir allí asilo político en la embajada española, sin repuesta positiva por parte del Ejecutivo de España.

También el de los colombianos, muchos de ellos huidos a Ecuador, donde hay 500.000 refugiados y solo a 55.000 se les ha dado asilo.

De la situación de los saharauis, que calificó como "muy difícil", le echó la culpa a España, ya que, según contó, la responsabilidad jurídica la tiene la potencia ocupante inicial hasta que no se defina la situación, es decir, hasta que se resuelva el contencioso que daría la autodeterminación al pueblo saharaui.

Forero no sólo criticó que el Gobierno español no de refugio a los 22 saharauis que arribaron en patera la primera semana de enero a Fuerteventura, sino que opinó que está "fuera del sentido común y de cualquier ética que España no asuma como propio el problema de los saharauis".

Razones económicas y evitar problemas con otros países son los motivos por los que a penas se concede refugio en Europa, indicó Forero, quien explicó que "cuando se da refugio a una persona queda en evidencia que se están violando los derechos humanos en su país de origen".

En el caso de los saharauis, el Gobierno sólo dio estatuto de refugiado a 10 de 738 marroquíes y saharauis a lo largo de cuatro años, de 2006 a 2009, según datos de la Oficina de Asilo dependiente del Ministerio del Interior.

"Estos datos no son consecuencia de que haya menos conflictos o la gente corra menos riesgos", denunció el experto, quien lo achacó a políticas europeas de ir restringiendo cada vez más esa protección internacional.

De esta manera, en Europa se está renunciando a principios fundamentales: "Las cifras sobre la globalidad de refugiados son ridículas y en España aún más", se lamentó.

Sin embargo, esta dinámica de denegación de asilo y posterior expulsión de su demandante no sólo se está viendo en el caso de España, también países como Dinamarca, Suecia y Reino Unido han cerrado sus fronteras, agregó.

Europa se salta así el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas reconoce como refugiado a personas con "temores de ser perseguidas" y que no quieran acogerse a la protección de su país de origen.

La Constitución española también dice en su artículo 10 que todas las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades se interpretará de acorde conformidad con los derechos humanos y acuerdos internacionales.

De ahí que a Forero le resulte inexplicable que la UE invierta más de 150 millones de euros en la agencia europea de control de fronteras (Frontex), un dispositivo que restringe la posibilidad de pedir asilo y refugio a las personas que huyen de los conflictos africanos.

El miembro del Foro Social Mundial de las Migraciones hizo hincapié en que Europa respete los derechos humanos, que contemplan el derecho de asilo como un bien legítimo aplicable a todas las personas con fundados temores de ser perseguidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social y opiniones políticas.