Coín (Málaga), el primer municipio andaluz en prohibir el uso de velo integral islámico -burka o niqab- en edificios y equipamientos públicos, no ha registrado ningún incumplimiento desde que se aprobó la norma, hace casi ocho meses.
Su alcalde, el socialista Gabriel Clavijo, ha manifestado que el Ayuntamiento actúa en su ámbito de competencias, que es en los edificios públicos, donde "no ha habido ningún problema".
Clavijo ha añadido que la Policía Local no ha tenido que actuar y ha insistido en que las normas están para cumplirlas y tienen su procedimiento administrativo en caso de infracción.
La prohibición del uso de velo integral en Coín, localidad de unos 22.000 habitantes, fue aprobada el 28 de junio del pasado año por el pleno municipal con un solo voto en contra, el del concejal de IU.
Alternativa Ciudadana Coineña y el Partido Popular, principal grupo de la oposición, apoyaron la moción presentada por el equipo de gobierno (PSOE y PA), mientras que IU votó en contra y Agrupación Coineña se abstuvo.
En su momento, el alcalde justificó la iniciativa en una serie de informes del servicio de Asuntos Sociales que habían detectado elementos "poco deseables" hacia el trato a la mujer, que hacían necesaria una "concienciación cultural".
Por su parte, el presidente de la Asociación Islámica Al Ándalus de Málaga y consejero de la Federación Musulmana de España (FEME), Félix Ángel Herrero, calificó de "fraude al contribuyente" la ordenanza, y opinó que se perdía el tiempo en "prohibir algo que no existe en el pueblo".
En el texto de la moción aprobada se argumenta que la convivencia se ve "obstaculizada" por la utilización de vestimentas y accesorios que ocultan el rostro total o parcialmente, que impiden la identificación y la comunicación visual, y que son "impropias de una sociedad libre e igualitaria".
El equipo de gobierno considera que el uso de estos accesorios y vestimentas suponen un trato "desigualitario hacia la mujer frente al hombre", a la vez que acarrea un "aislamiento" de la mujer y una "traba" en su desarrollo personal e integración.
Estas prendas son "transmisoras de valores contrarios a los que deben sustentar la convivencia", afectan "directamente" a la igualdad entre sexos y su uso no garantiza la seguridad jurídica. señala.