Jueces, abogados, sindicatos, médicos y pacientes... Las críticas a las medidas de agilización procesal aprobadas por el Gobierno proceden de muchas partes y tienen un denominador común: la reforma recorta derechos a los ciudadanos y no está claro que vaya a hacer más rápida la Justicia.

"La Justicia no se agiliza dando palos a los pobres", reprocha la presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, a Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, instituciones que han apoyado y animado al Gobierno en esta iniciativa.

Y es que el proyecto de ley que aprobó el viernes el Consejo de Ministros para agilizar los procesos civiles y contenciosos pone límites a la presentación de determinados recursos ante los tribunales por razón de la cuantía económica de los asuntos.

Así, se suprime el recurso de apelación en los juicios por asuntos de menos de 6.000 euros en el orden jurisdiccional civil -el competente para reclamación de cantidades-, de tal forma que la sentencia de primera instancia será firme y no recurrible.

Otro recurso afectado es el de casación ante el Tribunal Supremo en civil y contencioso, pues se eleva a 800.000 el límite de 150.000 euros que existe en la actualidad para recurrir una sentencia ante dicho tribunal.

Para el portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, la reforma incluye una merma de derechos, con soluciones coyunturales y no estructurales.

Por el contrario, la asociación Francisco de Vitoria cree que la tutela judicial efectiva no se ve afectada, ya que queda garantizada con la sentencia de instancia, aunque no se pueda recurrir.

Más allá va la Asociación Profesional de la Magistratura, que no solo apoya estas medidas, sino que considera que son insuficientes para acabar con la pendencia, y plantea, como elemento disuasorio, el pago de tasas judiciales para poder recurrir.

El Consejo General del Poder Judicial, que considera este proyecto una pieza esencial en el proceso de modernización de la Justicia, ha instado junto a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo a los grupos parlamentarios a que lo tramiten urgentemente.

La asociación del Defensor del Paciente ha anunciado una recogida de firmas para intentar paralizar un proyecto que "atenta de forma grave" contra todos los ciudadanos que quieran ejercer su derecho a denunciar y "agotar todos los medios" que ofrece la Justicia, como el de recurrir en casación al Tribunal Supremo.

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos considera que el aumento de las cuantías mínimas en litigio para poder recurrir en caso de no estar de acuerdo con la sentencia de primera instancia supone que en la práctica no podrán hacerlo.

A estos argumentos, el Gobierno responde que no hay merma de garantías y no se va a hacer una justicia para ricos, sino que se va a dotar al sistema de una mayor seguridad jurídica.