Representantes de las familias afectadas por los casos de niños robados desde el franquismo y hasta los años 90 pidieron ayer en el Congreso de los Diputados que el Estado ayude económicamente a las víctimas en la búsqueda de sus familiares biológicos, así como que facilite el acceso a todo tipo de archivos y registros en dicho proceso.

El presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), Antonio Barroso, y la coordinadora y portavoz de la Plataforma de afectados por el robo de niños en clínicas de toda España, Mar Soriano, comparecieron en la Comisión de Justicia de la Cámara baja para exponer la situación de los niños robados y expresar sus peticiones a los parlamentarios.

El presidente de Anadir señaló que a la demanda colectiva con 261 casos que presentó el 27 de enero hay que sumar las alrededor de 1.000 personas que están redactando un escrito de adhesión a la demanda inicial y los cerca de 5.000 correos que hay sin contestar. Barroso añadió que su asociación cuenta con "medios escasos" para gestionar una labor que los tiene "desbordados".

Banco de ADN

Barroso ha realizado varias peticiones ante los miembros de la Comisión, entre las que se encuentran la ayuda económica, la implantación de un teléfono gratuito de información o la creación de una oficina en cada comunidad autónoma donde se asesore a todos aquellos que crean que pueden estar afectados. Además, ha solicitado que el Estado pague el banco de datos de ADN creado por un laboratorio con el que llegó a un acuerdo Anadir, y que actualmente pagan las víctimas.

Por otro lado, el colectivo reclama que se facilite el acceso a informes médicos y todo tipo de registros y documentación, para que los afectados puedan "reconstruir documentalmente sus vidas sin depender de la buena voluntad de los funcionarios o de las determinadas órdenes de un superior".

En parecidos términos se expresó Mar Soriano, que expuso las demandas de su plataforma, algunas de las cuales ya han sido atendidas y acordadas en diversas reuniones con las instituciones. Entre las propuestas ya aceptadas se encuentra la de unificar y centralizar desde el Estado la información correspondiente a la vía administrativa y jurídica, algo materializado ya mediante el nombramiento de un coordinador de las actuaciones de las distintas fiscalías.