El caso Mari Luz, del cual hoy se ha conocido la sentencia, ha estado marcado por la polémica desde el inicio, cuando se detectaron graves errores judiciales, y ha provocado la reforma del código penal en relación con los pederastas.

El error judicial más grave fue el que permitió que Santiago del Valle se encontrara en libertad cuando sucedieron los hechos (2008), pese a que había sido condenado a prisión en 2005, por abusos sexuales contra su propia hija, en una sentencia que llevaba dos años y medio sin ejecutarse.

Esta circunstancia llevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a abrir expediente a Rafael Tirado, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, que no ejecutó la sentencia y al que se le impuso una multa de 1.502 euros por "falta grave".

La "levedad" de la sanción fue cuestionada públicamente por diversos políticos, hecho que provocó el malestar de los jueces, que el día 18 de febrero de 2009 protagonizaron el primer paro judicial de la historia de España, para protestar por la falta de medios de una Justicia obsoleta.

Previamente, en 2008, cuarenta y seis magistrados del Tribunal Supremo firmaron un manifiesto contra la "intromisión" del Gobierno en la Justicia.

Juana Gálvez, la secretaria judicial del Juzgado de Tirado, fue también sancionada con seis meses de suspensión de empleo y sueldo, lo que también provocó una huelga de Secretarios Judiciales, en octubre de 2008.

El padre de la víctima, Juan José Cortes, que mantuvo una actitud muy activa durante el proceso, reunió más de dos millones de firmas a favor del endurecimiento de las penas para pederastas, que finalmente se vio reflejada en una Reforma del Código Penal.

La última polémica tuvo lugar el pasado 25 de febrero, cuando Isabel García, la mujer del asesino, se retractó en "El programa de Ana Rosa" de su declaración ante el tribunal y aseguró que su marido "se cargó a Mari Luz".

Tras esas manifestaciones, García, que sufre una minusvalía psíquica, declaró ante la juez Coro Cillán, que ordenó su ingreso en prisión por los presuntos delitos de omisión del deber de impedir delitos y falso testimonio.

Además, la magistrada abrió diligencias para aclarar la actuación de los responsables de Telecinco y del programa "por el modo y forma" en que la entrevistada fue trasladada de Sevilla a Madrid, donde se realizó la entrevista, y con posterioridad a dependencias policiales.