El Congreso aprobó ayer el proyecto de ley que regula el uso de las tecnologías de la información en la Administración de Justicia, que fija un plazo de cinco años para la íntegra tramitación electrónica de los procedimientos judiciales y el abandono del formato papel.
El pleno del Congreso rechazó las enmiendas que, a propuesta de CiU y el PP, introdujo el Senado en este proyecto de ley, y que suponían la eliminación de las tasas judiciales en las demandas para reclamar deudas inferiores a 30.000 euros.
Según defendió en una nota el diputado socialista Pablo Martín Peré -ponente de la ley-, "el pago de las tasas en los procedimientos monitorios contribuye al sufragio de una parte importante de la estructura administrativa de la Administración de Justicia".
La ley se enmarca en el plan de modernización de la Justicia del Gobierno y su finalidad es regular los aspectos básicos del derecho a la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia.
Además de establecer las condiciones necesarias para poder tramitar íntegramente en formato electrónico todos los procedimientos judiciales de aquí a cinco años, también fija marcos estables y vinculantes de colaboración entre las distintas administraciones con competencia en materia de Justicia.
Martín Peré hizo hincapié en que la nueva norma tiene como objetivo "intentar ayudar a los ciudadanos en su relación con la Administración", al igual que otros proyectos todavía en tramitación como la reforma del Registro Civil o la ley de agilización procesal.