El plazo para pedir la nacionalidad en virtud de la Ley de la Memoria Histórica finalizó ayer, después de tres años en los que más de 200.000 descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo han obtenido ya la condición de españoles.

La estimación es que en los últimos cuatro meses del año, la cifra de nuevos nacionalizados pueda rondar los 250.000 y que una vez que se complete el estudio de los expedientes presentados, se superen los 300.000, han apuntado a Efe fuentes del Gobierno.

El periodo para que pudieran optar a la nacionalidad los hijos y nietos de quienes huyeron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 se abrió el 27 de diciembre de 2008, un año después de que las Cortes aprobaran la Ley de la Memoria Histórica.

A fecha del pasado 31 de agosto, se había concedido la nacionalidad a 213.787 personas y se habían presentado un total de 378.862 solicitudes, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

La Ley de la Memoria Histórica establecía como beneficiarios a las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español y los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad debido al exilio.

De las 378.862 peticiones presentadas hasta final de agosto, unas 348.000 son de hijos de exiliados (92%) y más de 24.000 de nietos.

El resto -unas 6.000 solicitudes- son de descendientes de primer grado de exiliados nacidos en España que pudieron ya optar a la nacionalidad tras la reforma del Código Civil de 2002.

Ante el elevado número de peticiones, el Gobierno acordó a comienzos de 2010 una prórroga, hasta el día de ayer, para que las oficinas consulares tuvieran tiempo suficiente de tramitar los expedientes.

Los países de Iberoamérica acaparan el 95% de las solicitudes, en especial Cuba, Argentina, México y Venezuela.

En Cuba, 66.000 personas han recibido ya el pasaporte español y la previsión es que al final del proceso lo obtengan unos 180.000 -cerca del 1,7% de la población de la isla-, según los cálculos del Consulado de La Habana.

Para aspirar a la nacionalidad, los interesados han tenido que aportar algún justificante que acredite la condición de exiliado de su abuelo o abuela.

Son válidos los resguardos de haber recibido alguna prestación por exilio o el certificado de las oficinas de refugiados de Naciones Unidas o de los países de acogida que asistieron a los españoles y a sus familias que huyeron.

También se han aceptado informes expedidos por partidos políticos o sindicatos que cuenten con archivos de exiliados reconocidos por la autoridades españolas.

Los hijos de quienes hayan obtenido la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Histórica pueden a su vez optar a ella, siempre que sean menores de 18 años.

La presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio, Ludivina García, valoró que la ley haya permitido recobrar derechos a los familiares de quienes se vieron obligados a renunciar a ellos al huir de España.

Sin embargo, García, en declaraciones a Efe, consideró que esta posibilidad "debería ser un proceso permanente, sin fecha límite", que se incorporara al Código Civil.