Familiares de niños robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia han exigido este viernes la creación de una comisión de expertos que ayude a impulsar la investigación de sus casos y que parta de una iniciativa parlamentaria.

Así lo han puesto de manifiesto los presidentes de SOS Niños Robados y Anadir, después de entregar, junto a la asociación Aberoa, cerca de 90.000 firmas a la Fiscalía General del Estado para denunciar el archivo de sus demandas y reclamar el impulso de las investigaciones.

El Ministerio Público ha recibido cerca de 1.072 denuncias relativas a las tramas del tráfico de niños, de las cuales 296 --el 30 por ciento-- han sido archivadas, según el abogado de Anadir David Serra. Claro que, ha dicho, no todas las comunidades proporcionan el mismo tratamiento a las familias que piden investigar el paradero de los hijos y hermanos que buscan.

Ha puesto como ejemplo que mientras Murcia o Canarias no han archivado ninguna demanda, en Madrid, Extremadura, Baleares o Castilla y León se han cerrado las investigaciones en alrededor de un 50 por ciento de los casos.

A la cabeza en el sobreseimiento de los asuntos, se encontraría Aragón, con el 71 por ciento, Navarra, con el 75 por ciento, o La Rioja que ha archivado las siete denuncias recibidas. "El 100 por cien", ha destacado el letrado, según los datos recibidos por parte de la Fiscalía General.

El presidente de Anadir, Antonio Barroso, se ha quejado de esta disparidad de criterio entre las diferentes fiscalías provinciales, máxime cuando el anterior fiscal general Cándido Conde-Pumpido apostó por la apertura de diligencias y por una mayor uniformidad. "Los hechos son de tal gravedad que no podemos dejar al azar, a ver a qué fiscal le toca a cada uno".

"SÓLO PIDO QUE EN MI LÁPIDA PONGA MI NOMBRE REAL"

"La entrega de firmas no ha sido para mendigar Justicia, sino para exigir Justicia", ha expuesto Mabel Escuer, una de las ''niñas robadas'', que ha reclamado que se trate a este colectivo "igual que a otras víctimas". "No sabemos por qué somos el patito feo de ellos, quizá porque este hecho avergüenza a los dirigentes", ha agregado.

"Me llamo Mabel Escuer, pero no soy Mabel Escuer", se ha presentado esta mujer nacida en 1952 que fue entregada ilegalmente a otra familia y que ha hecho una petición: "Tengo 59 años. Sólo pido que antes de morirme en mi lápida sí ponga quien soy, aunque me han condenado a vivir una vida que no ha sido la mía y eso es irreparable".

"Los niños robados no hay que buscarlos en las tumbas, los niños robados estamos vivos", han proseguido los afectados por las tramas de sustracción de recién nacidos. En este sentido, han asegurado que su intención no es "buscar revancha" sino lograr que "cada familia esté donde debe estar".

"NOS HAN TOMADO EL PELO"

El presidente de Anadir ha puesto de relieve que los afectados han pagado en pruebas de ADN cerca de 120.000 euros --"se han hecho 1.000 pruebas de genómica por 120 euros cada una"-- y además han costeado los honorarios de los abogados que han llevado sus causas.

Ha denunciado que no han recibido el apoyo psicológico y las pruebas genéticas gratuitas que anunció el anterior ministro de Justicia y que, por ello, se han visto abocados a poner el dinero "de su bolsillo". "No hay derecho. Nos han tomado el pelo", ha apostillado.

Con todo, los afectados han demandado mayores facilidades para acceder a archivos eclesiásticos, clínicos u hospitalarios para localizar a sus parientes desaparecidos y han rechazado la prescripción de estos casos. "¿Si no se restituye el estado civil, cómo va a estar prescrito", se han preguntado.

Ante la imposibilidad de encontrar, en muchos casos, a los autores de los robos, el presidente de SOS Bebés Robados Madrid, Luis Vega, ha defendido que el hecho de localizar a sus hijos, hermanos o padres supone un paso "importantísimo" que les aportará "tranquilidad".