La Unión de Estudiantes de Canarias (Udeca) rechaza las reformas propuestas por el Ministerio de Educación y lamenta que se plantee un cambio en la asignatura de Educación para la Ciudadanía, por suponer un paso atrás en los avances conseguidos respecto a la diversidad y la igualdad.

En un comunicado, Udeca informa de la celebración de asambleas estudiantiles en todas las islas para debatir la reforma y no descarta la convocatoria de movilizaciones.

El presidente de este colectivo, Néstor García, critica que la nueva asignatura que sustituya a Educación por la Ciudadanía suprime todo lo referido a las emociones y a la salud sexual por considerar que invade el terreno moral que corresponde a la familia.

Para Udeca, sin embargo, es importante que se sigan impartiendo ya que fomentan la igualdad sexual que tanto hace falta para el desarrollo de los adolescentes.

"Educación para la Ciudadanía se puede plantear de una u otra manera, pero es innegable la necesidad de una educación que fomente la igualdad de todos, independientemente de su sexo, raza o condición sexual", defiende.

En cuanto a la ampliación del Bachillerato de dos a tres años, García recuerda que en numerosas ocasiones Udeca ha presentado su rechazo "más absoluto" a una reforma que aumente los años de Bachiller en detrimento de los años de ESO, al adelantar de los 16 a los 15 años la edad en la que los estudiantes deben decidir si estudiar FP o Bachillerato.

Según García, esta medida es del todo antipedagógica y el único efecto que puede tener es el aumento del abandono escolar, ya que obliga al estudiante a elegir su futuro en una edad en la que las cosas no están nada claras".

Para el colectivo estudiantil, lo importante es reforzar y mejorar la orientación tanto formativa como laboral.

Udeco además considera innecesario que el docente sea considerado como una autoridad en el aula como se propone en la reforma, porque provocaría una mayor distanciamiento entre el profesor y el estudiante.

A su juicio, debe existir un respeto mutuo entre ambos y una actuación correcta y neutral de la inspección educativa, tanto para casos en los que es el profesor agredido como para en los que es el estudiante el afectado.

"No hay que olvidar que los estudios relacionados con la violencia en las aulas determinan que los casos de violencia de estudiantes hacia el profesorado son numéricamente muy parecidos a los que se producen desde el profesorado hacia el estudiante, por lo que hay que mejorar los planes de convivencia, y no imponer una figura legal", opina García.

Por último, el colectivo estudiantil exige que cualquier reforma que afecte al sistema educativo sea consensuada con los agentes sociales que intervienen en él: estudiantes, profesores y padres, entre otros.

Además, aboga por un gran pacto político, social y económico que dé una estabilidad al sistema educativo.