La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha dado luz verde por unanimidad a una proposición no de ley que reclama al Gobierno el desarrollo del Reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) para garantizar su correcto funcionamiento y mejorar las condiciones de los internos, que la Ley de Extranjería de 2009 imponía elaborar y sancionar en un plazo no superior a seis meses y que, sin embargo, aún no se ha llevado a término.

En concreto, a instancias de CiU se ha pactado un texto con PP y PSOE que posteriormente ha sido respaldado por todos los grupos parlamentarios, en el que se insiste además en la necesidad de distinguir las funciones de los trabajadores de los centros de internamiento.

Así, quiere que el Ejecutivo especifique que el Cuerpo Nacional de Policía se encargará de cuestiones únicamente relativas a la seguridad, mientras que la atención de internos será acometida por otro personal especializado, un aspecto que ya anunció el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, durante su primera comparecencia parlamentaria en el cargo, hace menos de un mes, en línea con las recomendaciones de la Defensora del Pueblo.

Otra de las medidas que formula la iniciativa es incluir en el reglamento las recomendaciones planteadas por esta institución, como la necesidad de que exista un adecuado control judicial sobre los ingresos autorizados, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva de los internos.

En este sentido, el responsable de Inmigración de CiU, Antonio Picó, ha explicado que seguirá defendiendo la creación de Juzgados específicos de control en cada uno de los Centros de Internamiento de Extranjeros para garantizar una tutela judicial efectiva, pero tramitará la petición ante la Comisión de Justicia.

CiU considera que tras las "graves incidencias" y denuncias que han venido produciéndose sobre el funcionamiento de los CIE, hay que reforzar la tutela judicial de estas instalaciones policiales. "Queremos que se cumpla la Ley para que subsane esta situación que padecen los internos de estos Centros", afirma el diputado nacionalista.

El diputado ha recalcado además que la "preocupación social" suscitada por las condiciones de vida de los internos de los CIE hacen del todo necesario que no se demore más el desarrollo del citado Reglamento. "Debemos ofrecer todas las garantías a los extranjeros y salvaguardar sus derechos fundamentales", ha subrayado.

Desde el PP, Francisco Márquez, ha subrayado que una nueva reglamentación de los CIE es "muy necesaria", dado que hay un mandato legal reiterado y un "incumplimiento" del anterior Gobierno que este Ejecutivo ''popular'' va a corregir.

Ricardo Sixto, de Izquierda Plural, entiende que la iniciativa se "queda corta" con sólo instar al Gobierno a un reglamento específico. De hecho, cree que hay que investigar las últimas muertes registradas en los CIE, y no sólo eso, sino que hay que sustituirlos por otro tipo de internamientos sin carácter penitenciario.

Por su parte, desde Amaiur, Iker Urbina ha destacado que el desarrollo de este reglamento no deja claro que todas las personas sean iguales ante la ley, un aspecto que, a su juicio, deben garantizar las administraciones públicas.

UNA PROPUESTA DE REGLAMENTO

A finales de enero, el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, ya confirmó en el Congreso que contaba con una "propuesta de reglamento" para regular el régimen de organización y funcionamiento de los CIE, que iba a permitir incorporar fórmulas racionales de gestión que mejorasen las condiciones de los centros, en línea con las recomendaciones de la Defensora del Pueblo.

En otra comparecencia a principios de febrero en el Senado, el ministro apuntó que había constituido ya un "grupo de trabajo" en su departamento para elaborar el texto y reafirmó su intención de remitir el resultado a los grupos parlamentarios para alcanzar el "máximo nivel y consenso posible" en la materia.

Además, detalló que la propuesta recogería un impulso a la formación de personal del centro, de racionalización de los espacios comunes y de recreo, así como de mejora de los servicios de atención médica, y la incorporación de personal especializado para asistir a los internos de forma que la policía limitase su actuación a la custodia del CIE y la seguridad de sus instalaciones.

El ministro detalló que existen 12 centros en España, seis en la Península y otros tantos en las Islas Canarias, con un total de 4.116 plazas que han registrado una ocupación media del 67,39 por ciento, "dos tercios de su capacidad", durante el año pasado. Según dijo, la estancia media por interno se estima en 18,21 días, frente al máximo de 60 que la ley permite retener a un extranjero en un CIE en espera de expulsión.