El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este lunes, al ser preguntado por el hecho de que el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, mencionara los nombres de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, y del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, durante su declaración en el ''caso Nóos'', que él no ha visto "en ninguna declaración nada nuevo ni distinto de aquello que previamente era conocido".

"Sustancialmente no he visto yo que exista nada distinto", ha asegurado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que, no obstante, ha apuntado que "otra cosa es que se pueda convertir en un momento determinado algún titular en más llamativo".

En todo caso, Gallardón ha defendido que ante este procedimiento judicial, como ante cualquier otro, el Gobierno debe tener "una actitud de profundo respeto", y se ha remitido a las palabras del Rey Juan Carlos en su discurso de Nochebuena, en el que defendió "la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, con respeto siempre a las actuaciones del poder judicial".

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA"

"Una de las bases de nuestra democracia es la garantía de la independencia del poder judicial. Lo que tenemos que hacer todos los poderes públicos es colaborar con la administración de justicia" ha reiterado, para añadir que, tal y como dijo el Rey, hay que tener "respeto hacia cualquier persona que mientras un tribunal no diga lo contrario tiene a su favor la presunción de inocencia".

En este sentido, ha señalado que sería "una actitud irresponsable por parte del Gobierno" entrar en "valoraciones parciales" sobre este asunto, ya que el Ejecutivo debe tener un "respeto infinito", si bien ha manifestado entender que este tipo de casos "puedan ser objeto de debate" en la sociedad. "Tenemos que tener una mirada respetuosa y de colaboración pero no de un acompañamiento a modo de comentario", ha insistido.

Por último, ha confirmado que el Gobierno "no tiene entre sus prioridades ninguna modificación del estatus de la Familia Real" ya que su objetivo es llevar a cabo "un gran programa de reforma de la administración de justicia que pasa no sólo por una nueva legislación" sino por desarrollar un mecanismo que "evite dilaciones indebidas".