La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha aclarado este viernes en sede parlamentaria que "la prestación por inserción y la prestación por desempleo son conceptos muy diferentes".

Según Rojas, la Ley que regula la prestación implica un "giro" en las políticas sociales que contempla que mientras las familias en exclusión social realizan programas de inclusión o de integración social o laboral, pueden recibir, durante este periodo, una ayuda económica.

"Por tanto, el protagonismo de la ecuación se encuentra precisamente en los itinerarios de inserción, es decir, en las actividades de inserción dirigidas a transformar o prevenir situaciones de necesidad relacionadas con dificultades sociales, laborales, de índole escolar, ligadas a razones de desestructuración familiar, educativa o desajustes personales, y, por tanto, no en la ayuda económica", ha comentado

En su opinión, se ha pretendido que esta ley, que fue aprobada en 2007, justo un año antes de que Europa entrase en recesión, fuese un "sustituto" de la prestación por desempleo, pero son conceptos "completamente diferentes".

Así, ha dicho que mientras que la prestación por inserción pretende enseñar las capacidades para la búsqueda de empleo, la prestación por desempleo implica que la persona ha trabajado y cotizado a la Seguridad Social que es quién recauda y después habilita la prestación.

Además, ha defendido que mientras que la prestación por inserción es una competencia en materia de Servicios Sociales de las comunidades autónomas, la de desempleo es una competencia de la Seguridad Social y del Estado.

"Es decir, la prestación canaria de inserción es una prestación para personas en exclusión social, aquellas que no tienen o han perdido las habilidades para insertarse en la sociedad", ha subrayado.

En este contexto, Rojas ha explicado que la Prestación Canaria de Inserción contempla la realización de un "itinerario de inserción" sin ayuda económica, pero no al revés, ayuda económica sin itinerario de inserción, salvo en contadas excepciones que recoge explícitamente la ley.

PLAN DE CHOQUE

Así, ha recordado que el Gobierno de Canarias puso en marcha un plan de choque por el que se pudo contratar a 320 perceptores de prestación canaria de inserción. Además, el Ejecutivo cuenta con un convenio con el Servicio Canario de Empleo para que dé prioridad a las personas perceptoras de prestación, en el marco del Pacto Canario por el Empleo, tanto en los contratos con corporaciones locales, como a los programas de políticas activas de empleo.

"El problema es que la mayor parte de las veces los perceptores de la prestación no son empleables y aquí volvemos, no es lo mismo la exclusión que la falta de empleo, porque es que ni siquiera estas personas tienen habilidades para el empleo: estamos hablando de personas con adicciones, con enfermedades psiquiátricas, con desestructuración o problemáticas específicas", ha señalado.

Sin embargo, ha comentado que los datos muestran que no se le está dando toda la cobertura adecuada con acciones de integración a estos problemas, solo se están tratando los que conllevan inserción laboral, con propuestas en colaboración con el Servicio Canario de empleo y los de normalización escolar.

En opinión de Rojas, "entendemos que desde los ayuntamientos es necesario potenciar el informe social, con acciones de inclusión social, no sólo de integración laboral, que no siempre solucionan los problemas, ya que son más profundos".

De esta forma, ha subrayado que en el Plan de Inserción deben registrarse todas las propuestas de acciones de integración sobre las que se pretende trabajar, y que estén relacionadas con la situación de necesidad de la personas y su núcleo familiar, además del establecimiento de los objetivos y su temporalización.

FALTA DE REDES

"Sin embargo, en la realidad, la mayoría de las acciones van dirigidas hacia la formación y el empleo, obviando otras áreas como son los desajustes personales, convivenciales, falta de redes y apoyos, educación, y que son realmente los que motivan la exclusión no sólo de la persona solicitante de esta ayuda, sino de toda la unidad familiar", ha indicado.

Por ello, el equipo de integración de la Consejería de Políticas Sociales se desplaza a todos los ayuntamientos con el objetivo de evaluar esta ley y apoyar a los trabajadores sociales de los municipios a mejorar la aplicación de esta ley. "Es una ley joven en el tiempo que entra en vigor en abril de 2007 y que, además, le ha tocado vivir una época de crisis, lo que ha podido desvirtuar su objetivo", ha comentado.