El Gobierno propuso ayer castigar a los vehículos más "sucios" -no solo los que emiten CO2, sino también los que expulsan dióxido de nitrógeno (NO2) y partículas en suspensión (sobre todo los diésel)- mediante la modificación del actual impuesto de matriculación.
"En principio, las comunidades autónomas están de acuerdo" y los ayuntamientos desean analizar antes las consecuencias recaudatorias, explicó ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, tras reunirse la conferencia sectorial de medio ambiente.
Para ello, se revisará la disposición adicional octava de la ley de calidad del aire (ley 34/2007), que regula el impuesto de matriculación.
"Este impuesto tiene una orientación medioambiental", no recaudatoria, añadió Ramos, en cuya opinión los efectos económicos no tienen por qué variar "sustancialmente", aunque no existe una estimación económica.
"Se trata -afirmó- de tener un instrumento fiscal más potente para que los ayuntamientos puedan hacer que en sus calles circulen coches con menos emisiones" contaminantes.
Los vehículos que más emiten no son únicamente los de dióxido de carbono, sino también los de dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión (diésel), tal y como recogía el Plan de Calidad del Aire, aprobado por el anterior Gobierno.
Este plan, que se elaboró "sin consenso de las comunidades autónomas y sin la participación de los ayuntamientos", también será objeto de revisión, adelantó el alto cargo.
Decreto de sequía
Aunque la sequía no estaba en el orden del día de la conferencia sectorial, Ramos explicó que un posible decreto de sequía tendría una vertiente para el medio ambiente y para la agricultura.
Desde la perspectiva ambiental, los embalses se encuentran al 62,5% de su capacidad, los acuíferos al 50% y las previsiones es que el régimen pluviométrico "se normalice" en el mes de abril.
Durante la conferencia sectorial también se abordó la anunciada modificación del real decreto de especies exóticas, a las que algunas comunidades autónomas habían puesto objeciones.
"El Estado va a resolver esta cuestión sin necesidad de acudir a los tribunales y ya hay preparado un borrador que se circulará a las comunidades", a las organizaciones ecologistas y a todas las partes interesadas. Se trata de sustituir la parte "más polémica, que se aprobó a espalda de las comunidades", según el secretario de Estado.