La consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, aseguró hoy que el 1 de marzo no hubo ni motín ni redada en el centro de menores con medidas judiciales de Valle Tabares como publicaron algunos medios de comunicación, sino una inspección que entra dentro de la normalidad.

La inspección fue realizada por el juzgado y la fiscalía de menores en coordinación con la Dirección General del Menor y no se encontraron ni móviles, ni pinchos ni armas blancas, solamente algunos restos de hachís y una pipa para fumarlo, dijo la consejera en una comparecencia parlamentaria.

Inés Rojas indicó que todos los años hay unas treinta visitas y unas tres inspecciones del centro por parte de la Fiscalía de Menores y el Juzgado de Menores, y la del 1 de marzo sólo tuvo de particular que salió en los medios de comunicación como si hubiera habido una redada.

"La diferencia es la presión mediática y el efecto multiplicador de los medios de comunicación", pero de la inspección no ha salido ningún resultado de trascendencia, insistió la consejera y reiteró que su departamento mantiene una perfecta colaboración con la Fiscalía y el Juzgado.

Recordó que el centro de Valle Tabares es para menores con medidas judiciales en periodo de reinserción y en algunos casos por rehabilitación por consumo de drogas.

"Un expediente de inspección informativo es habitual para obtener información o esclarecer asuntos", como ocurrió el 1 de marzo, dijo la consejera, que solicitó a los diputados que pidieron su comparecencia que estén tranquilos porque el centro se gestiona con total profesionalidad.

Detalló que 93 de los 104 menores de valle Tabares tienen régimen semiabierto y el personal del centro tiene limitaciones a la hora de hacer determinados registros, que corresponden al juzgado y a la fiscalía, de ahí las inspecciones periódicas.

Defendió la total profesionalidad y formación del personal de valle Tabares, de los que 78 tratan directamente con los internos, apoyados por 41 vigilantes de seguridad privada y ocho profesores de la Consejería de Educación.

Inés Rojas también compareció para informar del cierre del centro de menores de El Fondillo, gestionado por el cabildo de Gran Canaria y que no estaba dedicado a niños con medidas judiciales como el Valle Tabares, sino a menores en desamparo y bajo tutela del Gobierno de Canarias.

Explicó que el 27 de enero la Consejería recibió un informe de la Fiscalía sobre el deterioro de las instalaciones del centro y del desorden en su gestión, así como de la falta de atención educativa en la que vivían los ocho niños.

La Consejería se puso en contacto con la entidad gestora, que negaba las acusaciones, pero se comprobó que eran ciertas, por lo que se decidió el cierre del centro y el traslado de los niños, que ya han sido realojados.