La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ha denunciado hoy que la suspensión de la prestación del servicio público de interrupción voluntaria del embarazo en las dos únicas clínicas que lo realizan en Aragón será "discriminatorio" con las mujeres con menor capacidad económica.
En un comunicado, esta Federación asegura que la decisión adoptada por los centros privados a raíz del impago por parte del Gobierno aragonés de una deuda de más de 800.000 euros supondrá una discriminación en el acceso a una prestación sanitaria "que sigue incluida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud".
Los usuarios denuncian la existencia de una "actitud ideológica" en algunas comunidades autónomas en contra de financiar el aborto y a favor de excluirlo de las prestaciones sanitarias mediante el "impago sistemático" del servicio a las clínicas concertadas, situación que, según afirman, "se está agravando con la excusa de la crisis y los recortes".
La Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública tachan esta situación de "inaceptable" y advierte que la prestación del servicio es una "obligación" de la Comunidad aragonesa y del Ministerio de Sanidad.