El Gobierno introducirá en el Código Penal una nueva medida, denominada "custodia de seguridad", aplicable a los delitos más graves -excluidos los de terrorismo- y mediante la cual el tribunal impondrá en la sentencia un plazo de privación de libertad más allá de la condena que podrá llegar a los diez años.
Así lo ha anunciado hoy el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, tras mantener una reunión con Antonio Castillo, padre de la joven sevillana Marta del Castillo, asesinada en 2009 y cuyo cadáver aún no ha sido localizado.
Fuentes del Ministerio de Justicia han precisado que la "custodia de seguridad" supondrá la privación de libertad de las personas a las que les sea aplicada esta medida más allá de su condena -aunque puede ser en un régimen más atenuado y no necesariamente en prisión- y han añadido que podrá ser revisada en cualquier momento por el juez de Vigilancia Penitenciaria.
La nueva medida afectará a los delitos sexuales, los delitos graves en los que haya habido violencia o intimidación y el tráfico de drogas, y se podrá aplicar también a quienes cuenten con antecedentes por delitos graves o a quienes reincidan tras cumplir su condena.