Los muchos y pequeños impuestos verdes que se aplican en España tienen un impacto ambiental y recaudatorio casi despreciable y, por definición, poseen un carácter finalista, lo que les descarta como vía más adecuada para paliar el déficit público.

Esta semana, el Gobierno adelantó que está buscando más ingresos a través de los impuestos indirectos, entre los que se incluyen, además del IVA, los medioambientales.

Expertos del mundo académico, político y ecologista consultados coinciden en líneas generales en la necesidad de una reforma y armonización de los impuestos verdes existentes, cuya recaudación (por ser finalista) debe destinarse a la mejora del medio ambiente.

Entre ellos, el catedrático de la UNED Pedro Herrera afirma que la reforma fiscal verde realizada en los países europeos más avanzados aún está pendiente en España, donde un gran número de pequeños tributos verdes creados por las CCAA tienen una incidencia ambiental y recaudatoria "despreciable".

En el ámbito estatal, los impuestos sobre hidrocarburos y electricidad serían ambientales "si se reformaran a fondo", y en el autonómico deben homogeneizarse los cánones de vertidos, los gravámenes sobre instalaciones contaminantes y residuos, y suprimir "falsos impuestos ambientales", como el de las turbinas eólicas, añade.

A juicio del catedrático y resto de consultados, el esfuerzo impositivo debe recaer, sobre todo, en el transporte, el consumo y vertido de agua, las emisiones de gases, los residuos y la energía no renovable.

El profesor de Derecho Ambiental en la Universidad de Navarra, Ángel Ruiz de Apodaca, insiste en que esta fiscalidad se establece por el principio de "quien contamina, paga" (grava las actividades contaminantes para des-incentivarlas).

Y distingue: "si hablamos de impuestos para hacer caja, entonces no hablamos de tributos ambientales en sentido estricto, serían medidas recaudatorias".

"En el caso de que se pretenda -dice- recaudar más para paliar el déficit, no son impuestos ambientales, son impuestos que gravan la contaminación".

Sí lo es, por ejemplo, el canon de saneamiento (que pagan usuarios domésticos y empresas) y cuya recaudación sirve para financiar las infraestructuras de saneamiento y depuración de las aguas residuales urbanas.

La ex ministra Cristina Narbona explica que el único impuesto verde estatal que se puede entender como tal es el referido al de matriculación, cuya modificación en 2006 implica abonar menos a la hora de comprar un vehículo menos "sucio" (en emisiones).

El objetivo de la fiscalidad ambiental "no es solo recaudatoria, que es lo que yo me temo que está pensando el Gobierno, sino cómo favorecer las tecnologías más limpias y castigar la contaminación".

Otro ejemplo, según la ex ministra socialista de Medio Ambiente, es el canon de vertidos, sin embargo "es una figura con muy poca incidencia en la calidad o depuración de las aguas".

A su juicio, la eficacia de la fiscalidad ambiental "hay que buscarla en la incidencia sobre una economía más sostenible".

Apuesta, además, por coordinar "mejor" la imposición de las CCAA y ayuntamientos; su armonización es necesaria "aunque no aumentara la presión fiscal".

Y sí cree que puede haber impuestos nuevos, por ejemplo, para desincentivar el uso de vertederos o gravar productos químicos nocivos para el entorno (pesticidas, fertilizantes...).

En similares términos, Sara Pizzinato, de Greenpeace, se declara a favor de gravar más los vehículos sucios.

El Ministerio de Medio Ambiente revisa actualmente el Plan de la Calidad del Aire, donde propone castigar a los vehículos más sucios -no solo los que emiten CO2 sino también los que emiten dóxido de nitrógeno (NO2) y partículas en suspensión (sobre todo los diesel)- mediante la modificación del Impuesto de Matriculación.

Según Pizzinato, junto a la reforma de los tipos impositivos -en especial el de hidrocarburos- hay que crear nuevos y aplicar el IVA super reducido a productos ecológicos o rehabilitaciones de viviendas protegidas.