La posibilidad de que la custodia compartida de los hijos sea el régimen preferente que se establezca en los casos de separación o divorcio es vista por asociaciones de jueces y de divorciados como la medida más razonable, aunque las organizaciones de mujeres la ponen en duda.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió el pasado 13 de junio en el Parlamento a impulsar en los próximos seis meses una ley "única y nacional" que modifique el Código Civil para que deje de contemplar el carácter excepcional de la custodia compartida de menores en los procesos de ruptura de la pareja.
Así, serán los jueces los que tendrán que valorar las circunstancias en cada caso y determinar cuál es el modo más eficaz de satisfacer la necesidad del menor de disponer de la presencia de sus padres, según anunció el ministro.
Antes del anuncio de Gallardón, el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, se reunió con las asociaciones que habían solicitado un encuentro: seis a favor de la custodia compartida y una crítica. Fuentes de Justicia señalan que Román se reunirá con otra asociación contraria a la custodia compartida, ya que Justicia está dispuesta a escuchar todas las opiniones al respecto. Una docena de asociaciones de mujeres sostienen que imponer la custodia compartida deja "a un lado y sin remisión" los derechos de los menores, para permitir que preponderen los intereses de los progenitores.