Las agencias de información se llenaron ayer de teletipos con declaraciones de miembros de organizaciones, partidos políticos, asociaciones y colectivos sociales defendiendo o censurando la propuesta dada a conocer este fin de semana por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de restringir el acceso al aborto cuando el motivo principal sea el de malformaciones en el feto.

La primera en salir al paso fue la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), que advirtió en un comunicado del "problema de salud" de muchas mujeres que tendrán que salir al extranjero para interrumpir su embarazo no deseado por lesiones fetales.

Para el presidente de la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), Santiago Barambio, la restricción al aborto es una "mala noticia" para las mujeres y la sociedad, y advirtió de que, tal y como han puesto de manifiesto varias organizaciones internacionales, aumenta "espectacularmente" el aumento de la morbilidad y mortabilidad, al hacerse en condiciones clandestinas y poco seguras.

Jueces para la Democracia criticó la eliminación del aborto eugenésico considerando que "supone un ataque contra los derechos de las mujeres y un alejamiento con respecto a los sistemas penales europeos".

Por su parte, la directora del Instituto Canario de Igualdad, Elena Máñez, alertó de que una legislación del aborto más restrictiva "pone en grave riesgo la salud de las mujeres". En un comunicado, además señaló que la modificación de la ley "aboca a las mujeres a llevar a cabo interrupciones del embarazo clandestinas".

Para Máñez, esta modificación legal hará que las mujeres que tengan recursos económicos acudan "a un país en el que se permita la interrupción voluntaria del embarazo", lo que, a su juicio, fomentará la desigualdad social y la inseguridad sanitaria y jurídica.

"Decisiones de estas características condenan a las mujeres más desfavorecidas a vivir en la marginalidad y a todas las demás a condiciones de salubridad tercermundistas, al verse obligadas a recurrir a abortos clandestinos, solo y exclusivamente para contentar a una serie de sectores de la sociedad", declaró ayer la diputada del Grupo Nacionalista Canario por Tenerife y portavoz en materia de Igualdad, Flora Marrerro.