El decreto que excluye a los inmigrantes irregulares la cobertura gratuita de la sanidad pública comenzó a causar perjuicios mucho antes de su entrada en vigor a los afectados, a quienes se ha impedido en varios casos acceder al sistema desde hace meses, denuncian varias organizaciones que trabajan con ellos en Canarias.
Aunque la medida entraba en vigor el pasado día 1, Organizaciones como Médicos del Mundo han constatado cómo ya desde abril en centros de salud de Canarias se ponían pegas o se desanimaba a los inmigrantes que querían tramitar una tarjeta sanitaria o una petición de tratamiento especializado cuando aún tenían derecho a ello, ha señalado su coordinadora regional, Elena Cáceres.
El argumento dado era que, "como los trámites iban a tardar meses, no valía la pena iniciarlos", ha expuesto esta portavoz de Médicos del Mundo, que ha asegurado que su organización se ha visto obligada a explicar a los afectados que todavía podían acogerse a su derecho a la asistencia sanitaria y a animarles a volver a los centros de salud para insistir y reclamar que les atendieran.
"No sabemos si se habían dado instrucciones a los trabajadores al respecto o si lo hacían por propia iniciativa, pero lo cierto es que esos casos se han dado", ha relatado Elena Cáceres, que ha querido subrayar, en todo caso, que esas situaciones no han sido la norma general en los centros de salud de las islas, pero sí que se han repetido en distintos lugares sin justificación alguna.
Y es que los inmigrantes irregulares, a falta de que llegara la fecha de entrada en vigor de la nueva norma, conservaban en toda España el derecho a tener su tarjeta sanitaria y los beneficios que se derivan de su posesión, como descuentos al adquirir medicamentos para tratamientos de enfermedades crónicas y otros, ha recordado.
Además, en Canarias, según ha asegurado el portavoz del Gobierno autonómico, Martín Marrero, la asistencia sanitaria a ese colectivo de personas foráneas se mantendrá pese a lo ordenado en el real decreto de abril.
Para ello, han luchado también en el archipiélago numerosos profesionales de la sanidad que han hecho pública su decisión de hacer objeción de conciencia a los dictámenes de la nueva norma, ha destacado en declaraciones el médico Ricardo Redondas, portavoz de la Plataforma Yo Sí Atiendo.
Este colectivo, constituido por facultativos, han promovido la presentación formal de escritos mediante los cuales los médicos han comunicado oficialmente a las autoridades sanitarias correspondientes que seguirían atendiendo a todos los pacientes que llegaran a sus consultas, sin hacer distinciones por su origen o su situación legal, alegando razones éticas.
Su iniciativa ha permitido sumar, hasta el momento, los escritos de casi 300 profesionales sanitarios en Canarias que han dejado patente su objeción de conciencia, según ha explicado Redondas, que ha precisado que a ellos hay que sumar otro medio centenar de facultativos que lo han hecho a través de la Sociedad Española de Medicina de Familia.
Unos y otros han contado con el apoyo también del Sindicato Profesional de Médicos de Las Palmas, cuya presidenta, Carmen Nuez, ha criticado en declaraciones el mensaje "poco riguroso" y "xenófobo" que, al entender de su organización, ha transmitido a la sociedad el Gobierno español con su real decreto, que, además, entienden que "no supondrá ahorro alguno real".
Ya que el ahorro en sanidad "solo se puede lograr con otras medidas encaminadas a hacer que el gasto sea eficiente, y que hemos propuesto muchas veces sin que se nos escuche", ha sentenciado.