El sistema educativo español estará regulado en breve por una nueva ley, la séptima de la democracia en esta materia, cuya tramitación arrancó ayer en el Consejo de Ministros. El proyecto legislativo ha sido recibido con recelo, cuando no con abierta hostilidad, por sindicatos, padres, partidos políticos, asociaciones de alumnos y, sobre todo, administraciones autonómicas, a las que el texto recorta su capacidad para introducir contenidos en los currículos escolares.

La ley del ministro José Ignacio Wert introduce, asimismo, pruebas de evaluación al final de cada etapa educativa -con lo que recupera, en cierto modo, la figura de las reválidas-, elimina la prueba de acceso a la Universidad y consagra la financiación pública de la educación diferenciada por sexos.

El anteproyecto de reforma educativa aumenta la capacidad del Gobierno central para fijar hasta el 65% de los contenidos de las enseñanzas mínimas para las comunidades con lengua cooficial y el 75% para el resto, unos porcentajes que ahora se sitúan en el 55% y el 65%, respectivamente.

La propuesta de modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOE) ha generado malestar entre las fuerzas políticas de oposición y nacionalistas en particular. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, acusó al Gobierno de "cargarse" la Constitución y propuso ejercer la "soberanía" educativa en Cataluña.

El Gobierno de Euskadi, dirigido por los socialistas, exigió la dimisión del ministro Wert, porque la reforma destila "pura ideología conservadora y recentralizadora.

Pero Wert rechazó ayer estas críticas, así como que el proyecto de norma suponga una homogeneización de la educación, ya que eso sería, explicó, "despojar" de competencias a las comunidades. A su juicio, de lo que se trata es de una "clarificación definitiva" de las competencias de las distintas administraciones. El ministro aseguró que la actual "dispersión de contenidos" es inmanejable y causa "muy decisiva" de que el sistema no tenga los resultados apetecidos a pesar del aumento de inversión.

La futura Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa establece también que el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria se obtendrá tras superar una evaluación final, con pruebas diferentes para acceder al Bachillerato o la FP, según la opción elegida por los alumnos en el último curso.

El Bachillerato se reduce a cinco vías y también tendrá una evaluación final nacional, que sustituye la selectividad.

Los alumnos de Primaria pasarán una evaluación en tercero para la detección precoz de dificultades de comunicación lingüística y matemáticas, que podría suponer la repetición de curso si el resultado no es óptimo.

En sexto de esta etapa, otra evaluación con carácter informativo y orientador servirá para comprobar si han logrado las competencias y objetivos de la etapa y la viabilidad del tránsito a ESO.

También en Primaria, la materia Conocimiento del Medio se desdobla en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, y desaparece Educación para la Ciudadanía, que en ESO es sustituida por un curso de la nueva Educación Cívica y Constitucional.

Los ciclos de Formación Profesional Básica sustituyen a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial y pasarán a ser de dos años completos, considerados como educación básica, obligatoria y gratuita.

Los centros educativos tendrán autonomía para diseñar e implantar métodos pedagógicos propios y los directores necesitarán acreditar la superación de un curso de formación específico.