El juicio por el caso de la muerte de Philipp García Zoch, el menor de 16 años que apareció muerto en su habitación del centro de medidas judiciales de Nivaria hace casi ocho años, está previsto que empiece mañana lunes en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El chico fue encontrado con una bolsa de plástico en la cabeza y la autopsia determinó que se había suicidado, así como que la muerte había sido por sofocación.

El Ministerio Fiscal plantea que los acusados deben indemnizar a la familia del adolescente con 120.000 euros por los perjuicios que con su conducta causaron al fallecido. El responsable civil directo es una compañía de seguros y como responsables civiles subsidiarios figuran la Dirección General de Protección del Menor y la Familia del Gobierno canario, la Fundación Ideo (que gestionaba el centro donde ocurrieron los hechos), así como la empresa de seguridad.

Mientras, la acusación particular ejercida por los padres del fallecido, Manuel García y Petra Zoch, reclama una indemnización que asciende a unos 300.000 euros.

En el texto realizado por el fiscal se recuerda que un auto del 19 de julio de 2004, dictado por el Juzgado de Menores Número Uno de Santa Cruz de Tenerife por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, determinó el ingreso del adolescente en el centro para menores con medidas judiciales de Valle Tabares. A raíz de un intento de fuga de Philipp de este recinto, el 28 de septiembre se acordó su traslado a las instalaciones situadas en Nivaria, en el monte de La Esperanza.

Según el escrito de la Fiscalía, "desde que se hizo efectivo el traslado" del chico "al centro de menores Nivaria, (...) fue objeto de comportamientos degradantes, abusivos, vejatorios, llegando, incluso, a ser objeto de agresiones por parte de empleados" del recinto y de otros internos, los cuales con el conocimiento, connivencia y, en algunas ocasiones, auxilio de aquellos, procedían a someter de manera permanente al menor a una situación de angustia, miedo y de agresión tanto verbal como física, que provocaron en Philipp un estado de deterioro psíquico profundo, agravando una enfermedad que ya padecía, consistente en trastornos de la personalidad por la que llevaba un tratamiento psiquiátrico".

El Ministerio Fiscal solicita cinco años de prisión para uno de los vigilantes implicados, así como tres años de prisión para tres vigilantes más y una coordinadora de educadores.

Por su parte, la acusación particular ejercida por los padres del adolescente fallecido solicita seis años de cárcel para dos de los vigilantes por un delito contra la integridad moral.

Además, la representación legal de la familia reclama cinco años de prisión para cuatro empleados más de la empresa de seguridad, así como para la coordinadora de educadores.