Los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) lamentaron ayer la "falta de compromiso político" en mejorar la administración de Justicia y, aunque la crisis hace difícil exigirlo, creen que esta coyuntura debe servir para "una profunda revisión" del sistema judicial.
Así lo expuso la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, al término de la reunión entre el presidente del Poder Judicial, Gonzalo Moliner, y quince presidentes de los TSJ (han faltado el de La Rioja y el de Extremadura), en la que, contra todo pronóstico, no hablaron ni de las tasas ni de los desahucios, ni tampoco de una posible huelga de jueces.
La reunión, definida por el CGPJ como "puramente institucional", se limitó a debatir un documento de trabajo consensuado entre los presidentes de los TSJ y con el que Moliner mostró su acuerdo, según Bravo.
En ese documento los presidentes muestran su especial "preocupación" con el nuevo régimen de sustituciones acordado en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que las suplencias las realicen miembros de la carrera judicial y no, como hasta ahora, magistrados suplentes.
En este sentido, los magistrados destacan la importancia de que esta medida "no afecte a la tutela judicial efectiva" y aunque apuestan por "la profesionalización de la Justicia" creen que en este nuevo sistema de sustituciones se debe potenciar a las salas de gobierno para la adopción de medidas de refuerzo en los órganos judiciales.
Persona non grata
El Consejo Canario de Colegios de Abogados anunció ayer que declara "persona non grata" al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por su propuesta de ley de tasas y que, en consecuencia, le prohíbe entrar en cualquiera de sus dependencias en la Comunidad Autónoma.
El Consejo, que representa a los cuatro colegios de abogados de Canarias (Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote, Las Palmas y Santa Cruz de la Palma), sostiene que el proyecto legislativo conculca el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva" y se ha llevado adelante "desoyendo" a todos los profesionales de la Justicia.
Ayer, los cuatro colegios acordaron en Santa Cruz de La Palma que, en adelante, el ministro de Justicia tenga vetado el paso a sus oficinas y a las del propio Consejo Canario de Abogados.