Solo un tercio de los pacientes potencialmente candidatos a nuevos anticoagulantes orales los reciben, debido a cuestiones presupuestarias, inercia terapéutica en las consultas y necesidad de nuevos datos.

Así se pone de relieve en el informe "Jurado Popular: Dilemas en anticoagulación", presentado hoy y en el que un grupo multidisciplinar de expertos independientes aborda las necesidades de los pacientes anticoagulados en lo referente a su control y atención sanitaria.

El informe alerta sobre las diferencias autonómicas en la aplicación de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad sobre el uso de nuevos tratamientos, que generan "inequidades no justificadas" en el Sistema Nacional de Salud en el acceso a estas terapias innovadoras.

Los expertos demandan un modelo homogéneo y unificado del proceso asistencial, potenciar la información y educación del paciente y ofrecerle la terapia más adecuada en cada caso.

El documento de este ''Jurado Popular'', presidido por el doctor Alfonso Castro Beiras, jefe del Servicio de Cardiología del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña, recuerda que la evidencia científica respalda que los nuevos anticoagulantes orales son, al menos, tan eficaces y seguros como los clásicos en la prevención del ictus y otros embolismos relacionados con la fibrilación auricular no valvular.

En el Informe de Posicionamiento Terapéutico del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se recogen las indicaciones en las que se deben utilizar los nuevos fármacos, sobre todo en aquellos pacientes con mala respuesta al tratamiento clásico.

Los expertos consideran a este grupo candidatos "prioritarios" a nuevas opciones terapéuticas, pero en la práctica clínica existen deficiencias en la identificación de los pacientes que cumplen los criterios de "prioridad".

Algunas comunidades autónomas tienen establecidos criterios adicionales y heterogéneos que podrían desviarse de los objetivos del informe del Ministerio, señala el informe.

Los expertos han detectado insuficiente información y motivación por parte de médicos y pacientes para modificar la situación de los pacientes prioritarios debido a una inercia terapéutica que se considera necesario modificar.

En España existen aproximadamente 800.000 pacientes con tratamiento anticoagulante y se estima que uno de cada tres con la medicación clásica (los fármacos antivitamina K) no alcanza un buen control terapéutico, por lo que está expuesto a un mayor riesgo de ictus u otros embolismos y de hemorragias graves.

A pesar de las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, el ritmo de introducción de los nuevos anticoagulantes en España es inferior al del la mayoría de países europeos (apenas llega al 9 %, mientras que en Francia o Alemania superan el 22 %).