Las comunidades autónomas de Asturias, Andalucía, Canarias y País Vasco exigieron ayer la "retirada inmediata" del anteproyecto de Ley de Protección del Concebido y los Derechos de la Mujer Embarazada.
Los representantes de estas cuatro comunidades pidieron la retirada, pero antes tuvieron que introducir el debate en la Conferencia Sectorial de Igualdad de ayer, ya que el ministro no lo incluyó en el orden del día.
Además, recordaron que cinco autonomías ya solicitaron en la conferencia técnica preparatoria de esta reunión que se incluyera el aborto en el orden del día. En este sentido, la directora del Instituto andaluz de la mujer, Silvia Oñate, dijo que han obtenido "el silencio y la callada por respuesta".
"Es incomprensible que el Ministerio se haya negado a debatir la ley del aborto que afecta a los derechos de la mujer y a la igualdad", subrayó el consejero de Presidencia , Justicia e Igualdad del Gobierno canario, Francisco Hernández Spínola.
El consejero canario lamentó el "ninguneo" del Gobierno al no abordarse este debate en la Conferencia Sectorial de este lunes y recordó la "posición contraria" del Gobierno de Canarias a este anteproyecto de ley porque, en su opinión, "es un ley retrógrada, que desprecia a las mujeres" y que supone "un atentado a la libertad y dignidad de las mujeres".
"El anteproyecto de ley supone un agravio considerable a la mujer", remarcó, para después añadir que esta norma "va a suponer" que las mujeres con "recursos podrán abortar", pero aquellas que no cuenten con recursos económicos "tendrán que hacerlo de forma clandestina".
Desde Andalucía, la directora del Instituto Andaluza de la Mujer, Silvia Oñate, se mostró contraria a dicha ley, porque "vulnera y atenta contra los derechos y libertades de las mujeres" y porque, en su opinión, "no regula ni apuesta por la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de la ciudadanía".
Por su parte, la directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, Izaskun Landaida tachó la noma de "retroceso intolerable". En su opinión, las leyes lo que deben hacer es ofrecer "garantías jurídicas y sanitarias" y después de esto, deben ser las "personas y las mujeres quienes en función de sus circunstancias decidan".