El Ministerio de Justicia va a empezar a cobrar por las copias de los documentos que guarda en el Archivo General tras constatar que las solicitudes se han incrementado "notablemente" debido a su gratuidad y que la "indiscriminada" reproducción puede llegar a poner en riesgo su integridad.
Cada año se hacen en el Archivo General del Ministerio de Justicia más de 40.000 fotocopias al año de expedientes nobiliarios, lo cual implica un deterioro del documento, un considerable gasto material de tóner, mantenimiento de máquinas, luz y papel, además del tiempo que los funcionarios dedican a esta actividad. Según fuentes del Ministerio, el 97% de los ciudadanos consultan la documentación de los títulos nobiliarios y el resto lo hace sobre expedientes personales, congregaciones religiosas u obras.
El departamento impone ahora un precio público con el objeto de garantizar la integridad de los documentos originales, cuyo estado se deteriora con las continuas fotocopias, y además para introducir un elemento de racionalización en la demanda.
Según las fuentes consultadas, la implantación de un coste es una práctica común en los archivos y el modelo se homologa por ejemplo al del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
La orden, publicada el pasado martes en el BOE, diferencia el precio según su destino sea para fines administrativos, de estudio e investigación o para fines lucrativos. Como ejemplo, una fotocopia en blanco y negro tamaño de papel A4 costará 0,30 céntimos si no tiene como objetivo ser vendida. Aquella reproducción con fines lucrativos puede costar 24 euros a un libro, una revista o un periódico, 94 euros a una televisión.