El Consejo General del Poder Judicial ha sido condenado a pagar 4.100 euros a una magistrada a quien destituyó como analista de jurisprudencia por su situación de maternidad, lo que constituyó una discriminación, dictaminó ayer el Tribunal Supremo.
La decisión de dar de baja a la juez -que fue inicialmente transmitida por teléfono al marido de la magistrada en mismo día en que ella estaba dando a luz- fue discriminatoria, según el Supremo, porque se debió a que el órgano de gobierno de los jueces entendió que, debido al embarazo, la juez no cumpliría su función con la rapidez necesaria.
La jueza, María Ángeles Velázquez, prestaba servicios de análisis de sentencias para la base de datos del Consejo General del Poder Judicial a través de un acuerdo retribuido y de naturaleza estable.
Esta colaboración se desarrolló desde marzo de 2006 hasta mayo de 2008, cuando el órgano de gobierno de los jueces decidió dar de baja a la jueza de su lista de colaboradores a causa, según la sentencia, de "su situación de maternidad".