Trece clínicas abortistas de Texas (EEUU) cerraron sus puertas tras una batalla legal con las autoridades de este estado conservador, que endureció hace un año los estándares sanitarios para este tipo de centros médicos, informan hoy medios locales.
El cierre llega tras la decisión de una corte de apelaciones federal en Nueva Orleans, con jurisdicción en Texas, de permitir la entrada en vigor de un reglamento vinculado a la ley general del aborto del estado y cuya aplicación había sido anulada por una sentencia del 29 de agosto.
A partir de hoy, el segundo estado más poblado del país, con cerca de 27 millones de habitantes, contará con ocho centros que practican abortos y que están ubicados en sus cuatro ciudades principales, Austin, Houston, San Antonio y Dallas.
El extenso territorio que comprende el sur y el oeste de Texas quedará desprovisto del servicio.
La norma que entra en vigor gracias a la suspensión es un restrictivo reglamento vinculado a la ley general del aborto de Texas HB2, que obliga a estas clínicas a disponer de condiciones iguales a las de un hospital de día, unos requisitos que tan solo cumplen las ocho que permanecerán abiertas.
La entrada en vigor de este reglamento estaba prevista para el 1 de septiembre, pero el juez federal Lee Yeakel lo anuló días antes al considerar "inconstitucional" que mujeres en edad reproductiva quedaran a más de 240 kilómetros de una clínica de aborto, una "carga incompatible" con los principios de libertad personal consagrados desde 1973 en la Constitución.
La Procuraduría General de Texas, encabezada por el ahora candidato republicano a la Gobernación, Greg Abbott, apeló entonces contra la sentencia y solicitó a la corte que decretara una suspensión cautelar mientras resolvía el recurso.
Ayer tres jueces de una corte de apelaciones de Nueva Orleans dieron la razón a Abbott y suspendieron cautelarmente la sentencia, una decisión que no es definitiva pero que obliga al cierre inmediato de trece clínicas, entre las que se encuentra la de la ciudad fronteriza de McAllen, que había reabierto tras la decisión de Yeakel.
Según los detractores de la ley, el cierre de centros supondrá un aumento de los abortos autoinducidos entre las personas indocumentadas y en las comunidades conservadoras del sur de Texas, que de por sí ya tienen una de las tasas más altas de Estados Unidos.
La ley general del aborto HB2 de Texas entró en vigor en octubre de 2013, cuando había cerca de medio centenar de clínicas de este tipo en todo el estado, de las que ya solo quedan ocho.