El Consejo de Gobierno de Canarias acordó hoy impugnar el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberalización del dividendo digital.
El Gobierno mostró su oposición a un texto que, entiende, adolece de vicios formales y materiales que lo hacen "gravemente lesivo" para los ciudadanos residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, además de tener incidencia negativa en materia de competencia compartida entre el Estado y Canarias, ha indicado hoy el viceconsejero de Presidencia, Jorge Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
El Ejecutivo considera que el Real Decreto hace un defectuoso cumplimiento del trámite de audiencia del procedimiento de elaboración y que se produce una posible colisión de títulos competenciales propios del Estado y de la Comunidad Autónoma en materia de comunicación audiovisual.
Según ha explicado el viceconsejero, el Real Decreto ignora el mandato recogido en la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, que insta a tener en consideración las circunstancias de Canarias como región ultraperiférica, "de modo que las coberturas alcanzadas por el servicio público de la televisión digital terrestre sean equivalentes a las de las restantes comunidades".
El Gobierno de Canarias considera no sólo que este mandato de cobertura mínima no es observado, "sino que, por la vía de los hechos, endosa tal responsabilidad a las administraciones públicas en general, lo que en la práctica solo se puede entender como las administraciones locales y autonómica", ha señalado el viceconsejero.
Jorge Rodríguez ha detallado que, ante la imposibilidad de obtener una respuesta del Ministerio respecto a las cuestiones planteadas, el Gobierno ha tomado la decisión de interponer un recurso judicial contencioso-administrativo, con el fin de declarar la invalidez del Real Decreto 805/2014, así como la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado si fuera conveniente.