La reforma del Código Penal podrá incluir una propuesta de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para que sea castigada con penas de cárcel la exportación ilegal de medicamentos por parte de algunas farmacias y distribuidores, que están siendo investigados en varios juzgados.

Se trata de una propuesta de la AEMPS, según ha señalado la directora de este organismo, dependiente del Ministerio de Sanidad, Belén Crespo, y ha sido plasmada en una enmienda presentada a principios de año al proyecto de ley de reforma del Código Penal que se está tramitando en el Congreso.

De ser aprobada esta enmienda se castigará con penas de prisión de seis meses a tres años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años a las oficinas de farmacia y a los distribuidores que incurran en la práctica ilegal denominada distribución inversa.

Y ésta consiste, según ha explicado Crespo, en que las farmacias, en lugar de dispensar los medicamentos al paciente, "que es lo único que pueden hacer desde el punto de vista legal, se los devuelven a éstos, que a su vez directamente o a través de otro distribuidor los saca fuera de España".

Las farmacias sólo están autorizadas a dispensar medicamentos a los pacientes, no pueden actuar como distribuidores y por tanto venderlos a otras empresas mayoristas.

Eso es de lo que se les acusa a los detenidos en algunas de las operaciones policiales llevadas a cabo en los últimos meses como la Caduceo, en la que la Guardia Civil desarticuló una trama de comercio ilegal de medicamentos que se distribuían a países europeos.

Según los investigadores, la red operaba en una empresa declarada como almacén mayorista de medicamentos con sede en Alboraya (Valencia), constituida por tres empresas más, que adquiría a 50 farmacias de distintos puntos de España, fármacos que sólo podían dispensarse a particulares y nunca a empresas o distribuidores.

Más reciente es la operación Convector, desarrollada en varias provincias, en la que se investiga una trama que revendía medicamentos al extranjero y que se ha saldado por el momento con 36 detenidos.

Estos fraudes protagonizados, según Crespo, por "organizaciones de tipo mafioso" han podido producir "una serie de desabastecimientos" de algunos medicamentos para tratar algunas enfermedades graves.

"Algún laboratorio estaba poniendo el número suficiente de fármacos en el mercado y, sin embargo, luego no los encontrábamos, lo que fue otra de las líneas de investigación. Estos distribuidores los estaban sacando fuera", ha dicho.

Los fármacos tenían además unas indicaciones que son esenciales en el tratamiento terapéutico de pacientes, como los oncológicos o los que se usan en trasplantes o son antipárkinson, cuando existe una circular que dice que "estos medicamentos no pueden salir de España sin la autorización de la AEMPS".

La Agencia propone que el artículo 362 del Código Penal contemple estas prácticas que son consideradas en la Ley del Medicamento como infracciones administrativas. Las sanciones contempladas en la ley de garantías son de hasta un millón de euros, pero, según señala Crespo, "para estas mafias esta cantidad es pequeña porque el beneficio es mucho mayor".

En la mayoría de los casos "pagan sin problemas" las multas que les imponen comunidades autónomas, que tienen la competencia de dar la autorización a los distribuidores para que funcionen como tales. "Y las comunidades están actuando bien", según la directora.

Desde la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), que representa a las principales empresas encargadas del 97 por ciento de la distribución en España, reclaman más transparencia y mayor concreción de las licencias otorgadas a estas empresas.

Su presidente, Miguel Valdés, ha explicado que no ve "esencial" una reforma de las sanciones por prácticas irregulares, pero sí reforzar los sistemas de control.

Por su parte, la patronal de las oficinas de farmacia tampoco se plantea reforzar la regulación en este ámbito.

Según el presidente de la Federación Empresarial de Farmacias Españolas, Fernando Redondo, "hay que vigilar que se cumpla la reglamentación, que ya es muy estricta y exhaustiva", e investigar los mencionados casos hasta delimitar las responsabilidades.

"Somos los primeros interesados en que se tomen todas las medidas necesarias contra los que han ido en contra de la ley y que sea rápido porque se pone en tela de juicio la honorabilidad de todo el colectivo farmacéutico", ha reclamado.