Los jóvenes que al cumplir los 18 años deben abandonar los centros tutelados, los inmigrantes no acompañados, los fugados del hogar, los que residen en infraviviendas o asentamientos y los hijos de familias desahuciadas conforman el perfil de los menores sin hogar en España.

Así lo lo expuso ayer la presidenta de la Fundación Simetrías, Ángeles Díaz Vieco, una organización que impulsa proyectos para la inclusión social de los menores y que reclamó en una rueda de prensa un pacto social "urgente" para garantizar una vivienda digna a los niños y jóvenes que duermen en la calle.

Díaz Vieco presentó un informe sobre los jóvenes sin hogar en España en la Conferencia CRS -"Children Rough Sleepers", niños que duermen en la calle- en la que han participado expertos de administraciones públicas y privadas, universidades y plataformas de la sociedad civil.

El proyecto CRS, englobado en el Programa Daphne impulsado por la Comisión de Justicia de la Unión Europea, plantea la realización de una investigación en cada uno de los diez países participantes para conocer la situación de los jóvenes que están en riesgo de exclusión.

España, Reino Unido, República Checa, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Eslovenia son los países participantes en esta investigación, coordinada por la Universidad de Wolverhampton.

Entre otras medidas sugeridas por el informe para paliar la situación de extrema vulnerabilidad de los jóvenes sin techo en España, Díaz Vieco exigió la paralización de los desahucios y la agilización de los trámites para que las familias desahuciadas con hijos menores puedan acceder al fondo social de la vivienda de los bancos.

La presidenta de la Fundación planteó que la renta mínima sea homogénea en las diecisiete comunidades autónomas, con el fin de evitar que una familia en situación de necesidad perciba una renta mínima de 600 euros en el País Vasco y de 420 euros en la Comunidad de Castilla-La Mancha.

En la actual situación de crisis y con las perspectivas de generación de empleo, pidió que el colchón de una renta mínima y una vivienda sean la base de la dignidad de todas las familias con hijos menores de 18 años que no tienen una vivienda digna.