Cansado y desesperado, así se mostró ayer el presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, el magistrado Joaquín Astor Landete, ante los medios de comunicación a los que convocó para trasladar su preocupación y hartazgo por la falta generalizada de medios de la justicia que está llevando a los profesionales a realizar "esfuerzos sobrehumanos para evitar que todo esto se venga abajo" y responder a todas cuestiones de actualidad.

¿Considera que el principal problema de la justicia es la lentitud?

La lentitud de la justicia no está en los jueces sino en los medios, porque trabajamos incluso al 200% de lo que se nos exige, y en la mentalidad que hay de que se tiene que solucionar todo en los juicios, sin darle una oportunidad a las conciliaciones. Lo que está claro es que la justicia es y será todo lo rápida que el poder ejecutivo quiera que sea.

¿Cómo se está actuando ante este repunte que parece haber de casos de corrupción?

Los juzgados de Instrucción y de lo Penal están desbordados y con este tipo de causas los jueces tienen que trabajar el doble por su complejidad y por la presión de los medios de comunicación y los políticos. Es totalmente inviable que juzgados sobrecargados lleven causas como las de corrupción que se están viendo ahora. Si es así es porque no hay voluntad política de conseguir la agilidad en todos estos temas. Insisto, los juzgados de lo Penal y lo Social están muy mal, el esfuerzo que realiza el personal es tremendo, y desde el poder político no se está poniendo los medios para funcionar.

¿Y entonces qué propone?

Llamo al poder político para que estas causas sean rápidas, y se podría conseguir con algo tan sencillo como nombrando jueces adjuntos que sigan tramitando todos los demás asuntos y con facultad para dictar una propuesta de resolución definitiva para que sea el juez natural el que dicte sentencia. Así sacamos al juez de la vorágine para dedicarse a los asuntos más trascendentales.

La legislación tampoco ayuda...

Sí. Es necesario hacer reformas penales, porque es igual de caro robar una gallina de un corral que cometer un acto de corrupción. La pena es prácticamente la misma, entre uno y tres años. Así no puede ser un elemento trascendental. Si yo prevarico y resulta que lo que van a hacer es inhabilitarme, igual ni siquiera tenía pensado volver a presentarme y la prevaricación no me la quita nadie y, sin embargo, no hay consecuencia alguna.

¿Es viable recortar los plazos de resolución?

Si no se modifica el funcionamiento de la justicia, si no se le facilitan los medios y se reducen los plazos de prescripción, se beneficia la impunidad delictiva, especialmente en los grandes casos de defraudación y corrupción. Para estos casos debería haber un gabinete de auditores judiciales a disposición de los jueces de instrucción porque no tienen por qué tener conocimientos contables, económicos y de todo tipo, como urbanísticos. Esto solo es posible con una justicia que esté al día.

Entonces, además de más medios, ¿qué se podría hacer para ser más eficaz?

Creo que las causas deberían terminar en el mismo juzgado de guardia por el acuerdo entre las partes y la Fiscalía, y hago una llamada para que Fiscalía y los abogados se reúnan siempre para hablar y buscar soluciones, porque no hay nada como una solución pactada para ambos. Si esto fuera así se eliminaría muchísimo trabajo. La Fiscalía está desbordada, pero ¿y si consigue acuerdos en el juzgado de guardia y no tiene que seguir con todo el procedimiento? El ahorro sería enorme. El problema desaparecería. Lo que no es de recibo es que haya causas instruyéndose durante años y que en el momento antes del juicio las partes se encuentren y lleguen a un acuerdo. ¿Por qué no hablan antes? ¿Qué pasa con esos dos años de trabajo que se ha realizado para llegar a ese día?.