Una familia con una persona con discapacidad intelectual soporta un sobreesfuerzo económico anual superior a 24.000 euros, que supera al salario medio en España (fijado en 22.727), por lo que atender a sus familiares coloca a muchas de ellas ante una situación de exclusión social.

Se trata de una de las conclusiones del informe "El sobreesfuerzo económico que la discapacidad intelectual o del desarrollo ocasiona en la familia en España 2014", presentado ayer por la Confederación Española de Organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual (Feaps).

"Los recortes en la Ley de Autonomía Personal, el establecimiento de copago de servicios sociales básicos en muchas comunidades, así como la falta de apoyos colocan a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias ante un claro riesgo de exclusión social", denuncia el estudio.

El informe cuantifica ese sobreesfuerzo en 24.237 euros, que asciende a 47.129 euros en el caso de las familias que viven en su domicilio con personas que tienen mayor nivel de dependencia y tienen mayor necesidad de apoyo.

Entre las razones de ese sobrecoste se encuentra el aumento de costes en farmacia, transporte, ocio y cuidados, que pueden ascender a más de 2.609 euros.

Pero el estudio lo atribuye, sobre todo, al copago de los servicios sociales que han fijado algunas comunidades autónomas, como Murcia, Valencia, Cataluña o País Vasco, denunció el autor del informe, el consultor Ricard Valls.

El copago que se aplica en las comunidades en relación con la Ley de Dependencia supone el 24% del sobreesfuerzo que sufren las familias y es incluso superior, en algunas de esas comunidades, a los ingresos por prestaciones o salarios de las personas con discapacidad, destaca el informe.

El director de Feaps, Enrique Galván, alertó de que este sobreesfuerzo tiene un efecto acumulativo año a año e incide en pérdida de capacidad adquisitiva y situaciones de empobrecimiento que, en muchos casos, ponen en grave riesgo de exclusión a las familias.

"A largo plazo también afecta seriamente la posibilidad de que los familiares puedan percibir pensiones contributivas, al tener que renunciar a trabajar o a hacerlo solo a tiempo parcial", explicó Galván.