Javier, un guardia civil, recibe desde hace tres años tratamiento del cáncer que padece. Su próxima cita en el centro que le atiende era en abril, pero debido a los recortes en la Muface no podrá seguir yendo allí. Como él, dos millones de funcionarios se ven afectados por el tijeretazo a las mutualidades.
Por eso, ayer asociaciones de guardias civiles, como AEGC, y de militares, como AUME, así como de sindicatos policiales como la CEP, se han unido al sindicato de funcionarios CSI-F para reclamar al Gobierno que les garantice la asistencia sanitaria en la Muface y en Isfas, mutualidades a las que se ha recortado su financiación.
Un recorte que los representantes de estas entidades han cifrado en 120 millones de euros desde 2010 a 2015, lo que ha obligado a los centros sanitarios concertados por esas mutualidades a suprimir desde el 1 de enero de este año algunos servicios que prestaban, tal y como explicaron en rueda de prensa representantes de esas entidades.
La madre de Enrique, un joven miembro de la plataforma de afectados, también padece cáncer. Su hijo ha acudido con ella a la rueda de prensa para "humanizar" un problema que no afecta a los "números" sino a las personas, como su progenitora, que no ha sido informada de la situación en la que queda.
"Alguien con cáncer no puede estar viviendo el estrés de quedarse un día sin tratamiento", dijo Enrique.
Precisamente, la desinformación de los afectados es una de las denuncias que se han vertido en la rueda de prensa, donde se dio cuenta de las medidas que estas asociaciones y sindicatos -AUME no ha acudido por razones de su estatus jurídico y condición militar- están adoptando para que se solucione este "grave problema". Como primera medida se lanzó una campaña en redes sociales y una recogida de firmas a través de la plataforma Change, que ya ha recabado en dos días 14.000 firmas, explicó el presidente del sindicato de funcionarios CSI-F, Miguel Borra.
Eliseo Moreno, secretario de Acción Sindical de CSI-F, aseguró que se trata del mayor recorte en la oferta sanitaria de la historia del mutualismo, que está afectando a 20 provincias, donde aseguradoras como Asisa, Adeslas o Sanitas están eliminando servicios.
Y lo peor de esa nueva situación, dijeron los representantes de las citadas organizaciones, es la interrupción de tratamientos de patologías graves y la "desatención" sobre todo en el mundo rural.
Moreno citó las medidas que se están tomando, como la carta que ayer mismo remitirán al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para solicitarle una reunión urgente y explicarle los motivos de las "innumerables quejas" de los colectivos afectados y su "peregrinaje" burocrático para conseguir la continuidad asistencial.