El Defensor del Pueblo incrementó sus actuaciones de oficio en 2014 un 41% -hasta alcanzar 489 expedientes-, ante problemas sobre pobreza energética, acogida de inmigrantes, de inclusión educativa de alumnos con discapacidad o de niños con problemas de alimentación.

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, entregó ayer a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García Escudero, el Informe Anual 2014 de la institución, que recibió 23.186 quejas, un 2,2% más que en 2013. Las cuestiones que más preocuparon a los ciudadanos han sido las relacionadas con asuntos sociales, como rentas mínimas o prestaciones de dependencia, impuestos y retrasos en la administración de justicia.

También han crecido las recomendaciones del Defensor a las administraciones un 29%, aunque siete de ellas "se han resistido", explicó Becerril en una comparecencia ante los medios de comunicación. El defensor formuló 467 recomendaciones, que fueron aceptadas en un 72,1%.

Madrid, con más del 31% (7.227) y Comunidad Valenciana, con más del 16% (3.689), fueron las comunidades autónomas que presentaron más expedientes de queja.

Por el contrario, las autonomías que presentaron un menor número de quejas fueron Navarra (208), Cantabria (259), Baleares (342), La Rioja (345), País Vasco (360), Asturias (384) y Extremadura (396).

La defensora destacó que con el nuevo portal de transparencia en la web de la institución los ciudadanos pueden seguir la tramitación de sus quejas, que, según detalló, son respondidas en una media de 36 días y en el caso de las administraciones, de 78 días.

El 65,47% de las quejas tramitadas por el Defensor del Pueblo se refieren a la política social y aluden a situaciones de necesidad y lucha contra la exclusión, de forma específica a las rentas mínimas. La dependencia supone el 12% de las quejas; menores y familia el 9% y personas mayores el 5,71% de las quejas de política social.

En 2014 se registró un aumento considerable de las quejas relacionadas con las rentas mínimas de inserción, que se refleja en las 800 procedentes de la Comunidad de Madrid por las demoras de más de un año en la tramitación de los expedientes.

La institución ha comprobado que se ha extendido entre las administraciones "una conciencia clara" de la importancia de actuar para evitar las consecuencias de la pobreza infantil y los problemas de nutrición de los menores, aunque considera que aún hay que avanzar.

La Defensora ha detectado una "tendencia a la baja" desde 2009 en la comercialización de medicamentos innovadores, que se ha visto "fuertemente acentuada" en 2013, un asunto que constituye uno de los principales motivos de queja de los enfermos graves y oncológicos. La Memoria recoge un descenso del 60% de las quejas en materia sanitaria con respecto a 2013. En concreto, son 743, de las que el 57% se refieren a los ámbitos de atención primaria y especializada y fármacos.

las claves

Madrid y la Comunidad Valenciana son las regiones de las que la defensora del pueblo tramitó más quejas el año pasado. Extremadura es la que menos registra.

Más del 70% de las recomendaciones de la institución son asumidas por las administraciones públicas, aunque Soledad Becerril apuntó que hay siete de ellas que "se han resistido".

Soledad Becerril considera "muy dudosa" la disposición adicional al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para legalizar las devoluciones en caliente y espera que la tramitación en el Senado conlleve una modificación "aceptable" del texto.

El Defensor del Pueblo ha reclamado a Prisiones que pague los fármacos prescritos a presos con sida o hepatitis C que no los reciban por la negativa de las comunidades a abonarlos.

La institución cree que el Gobierno debe mejorar la fiscalidad de los planes de pensiones para fomentar el ahorro de los particulares.

Las tasas judiciales generan un "claro malestar"

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, subraya en su informe anual el "claro malestar" que las tasas judiciales provocan en los ciudadanos y en los operadores jurídicos que intervienen en los procesos.

Becerril destaca que las tasas, que el Gobierno se ha comprometido a eliminar para las personas físicas en todos los órdenes, han tenido una "repercusión moderada" en el descenso de la litigiosidad.

En términos generales, el número de quejas presentadas por ciudadanos en materia de justicia descendió un 15,67% al pasar de 857 en 2013 a 722 en 2014, si bien aquellas relacionadas con las demoras judiciales (172) se mueven en cifras similares.

Asimismo, Soledad Becerril ha pedido al Ministerio de Educación que revise el sistema de gestión y concesión de becas para evitar "la demora" en la entrega de las cuantías a los universitarios, lo que "ha obligado a muchos estudiantes a solicitar préstamos" o a "abandonar los estudios".

La Memoria recoge 1.361 quejas en materia educativa y buena parte de ellas relacionadas con el ámbito universitario ante el "incremento significativo" de los precios.