El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se mostró ayer convencido de que la Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo proyecto se aprobó ayer definitivamente en las Cortes, dotará a España de más libertad, un argumento que sigue sin convencer a la oposición, que ha prometido derogarla pronto.
Durante el último debate de la tramitación parlamentaria de este texto, la oposición volvió a esgrimir en el Congreso sus argumentos de rechazo, fundamentalmente que el proyecto, que ni es necesario ni ha sido demandado por los ciudadanos, solo tiene como objetivo "amordazar" la protesta en las calles.
Por eso, desde las filas del PSOE como desde la de la Izquierda Plural y el Grupo Mixto, sus diputados vaticinaron que la futura ley tiene "los días contados" y que "se pone a la cola" de otras normas que serán derogadas en cuanto cambie la mayoría de fuerzas en el Parlamento. Una promesa que el titular de Interior escuchó desde su escaño y a la que ha respondido al final del debate. "Cuando entre en vigor el 1 de julio quedará garantizada la libertad", afirmó Fernández Díaz, para quien esta norma no "toca el derecho de reunión ni de manifestación". Por el contrario, Díaz resaltó que el texto define por primera vez el concepto de seguridad ciudadana, prohíbe las redadas indiscriminadas y regula el concepto de retención en comisaría o los cacheos. "La luz de la verdad se verá cuando entre en vigor", concluyó el ministro, que cerró el último paso antes de que uno de los proyectos más importantes de su departamento se sometiera a votación a lo largo de la jornada de tarde de ayer. Para el PSOE, la norma legaliza las devoluciones en caliente de inmigrantes.
Una norma innecesaria y no demandada
La oposición en bloque tildó la norma de innecesaria. "No existe ninguna razón objetiva para aprobar esta ley reactiva", dijo el diputado socialista José Ignacio Sánchez Amor, quien agradeció irónicamente al Ejecutivo y al PP el no ocultar ni disimular la ley. "Es lo que parece. Si hubieran querido llamarla ley mordaza no habrían tenido problema", destacó Sánchez Amor, que criticó la "generalidad" y "ambigüedad" de algunos preceptos de la norma, pues con ellos se abre la puerta a la subjetividad y la discrecionalidad. Opinó que el proyecto es un "batiburrillo" de normas sancionadores con "cláusulas".