El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció ayer que el Gobierno va a paralizar la transferencia de las funciones del Registro Civil al cuerpo de registradores y que va a abrir al diálogo con las partes implicadas sobre el modelo de reforma de este servicio y también sobre los tiempos de aplicación.
Catalá realizó estas declaraciones a los periodistas a su salida del Tribunal Supremo, a donde acudió para participar en el acto de entrega de premios del Colegio de Abogados de Madrid.
El Gobierno "no va a proponer un modelo de reforma del registro civil que no sea compartido por el conjunto de los agentes" y por lo tanto abandona la propuesta que hasta ahora había promovido y también le fecha que tenía prevista para ponerlo en marcha (15 de julio), agregó el ministro.
El Ministerio buscará el acuerdo con sindicatos, partidos políticos y autonomías
El Ejecutivo abrirá al diálogo esta reforma, que va a seguir promoviendo hasta encontrar una propuesta compartida por sindicatos, autonomías, partidos y otros agentes, dijo Catalá, quien advirtió de que, en todo caso, no van a estar dialogando "sine die". El Gobierno quiere "un servicio público de calidad, mejorar la gestión del registro civil para que de mayor calidad a los ciudadanos".
En ese sentido, recordó que en 2011 iniciaron su desjudicialización y plantearon que esa reforma consistiera en entregar a los registradores ese servicio. "Pero hemos constatado que existe una oposición importante por sindicatos y partidos", explicó.
Tras reiterar la voluntad del Gobierno "para seguir haciendo reformas, pero a través del dialogo y el consenso", el ministro incidió en que, al constatar esa falta de consenso, han planteado que no harán "bandera" de la fecha prevista y que esperarán alternativas al modelo.