La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, lanzó ayer una serie de recomendaciones a las administraciones para la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que entrará en vigor hoy, como reforzar el inmediato control judicial y de la Fiscalía sobre los registros corporales externos para impedir extralimitación policial.
En un comunicado, la institución señaló también que las sanciones económicas que pudieran imponerse por alteración del orden o del normal desarrollo de manifestaciones deberían limitarse a los casos de "especial gravedad", al tiempo que recomendó que no se exija una autorización previa para la difusión de imágenes y que se exija autorización judicial para retirar material informativo.
El Defensor del Pueblo también ha formulado consejos para que el rechazo en frontera que establece la ley respete la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la normativa internacional.
La entrada en vigor de la norma fue objeto ayer de movilizaciones de protesta en diferentes ciudades del país -Santa Cruz de Tenerife, entre ellas-, además de una llamativa acción de Greeenpeace en las inmediaciones del Congreso -el despliegue de una gran pancarta en una grúa- que acabó con tres detenidos.