El Gobierno intentará el miércoles acercar posturas con las comunidades para armonizar la asistencia sanitaria de los inmigrantes que están en situación irregular en España y poner punto y final a las disparidades que se producen tras la reforma puesta en marcha en 2012.
Una reforma que dejaba a este colectivo sin tarjeta sanitaria y que limitó su cobertura en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a las urgencias, excepto para las embarazadas y los menores de edad, que mantienen todas las prestaciones.
La reforma fue seguida de forma desigual por las autonomías. Se ha sumado, además, el anuncio en marzo del ministro Alfonso Alonso de que este colectivo volvería a tener derecho a la atención primaria y en ello trabajaba el Gobierno y los consejeros de Sanidad hace meses, cuando el PP era mayoría en el Consejo Interterritorial de Salud. El trabajo se materializó en un borrador que se planteará el miércoles a los nuevos gobiernos autonómicos en el marco de la Comisión de Prestaciones de ese Consejo, aunque se trata de un texto de partida.
Los beneficiarios deben llevar un año empadronados y no tener recursos, entre otras cosas
En ese borrador se plantea que los irregulares accedan a la atención primaria a través de un documento que deberá enseñar junto con su pasaporte o documento de identidad cada vez que necesite asistencia. No se trata de una tarjeta sanitaria y para adquirirlo deberían estar empadronados en ese territorio con una antigüedad mínima de un año y demostrar que no tienen recursos.
El documento tendría una validez de un año y se tendría que renovar por este periodo en los plazos y la forma en que decida cada región. Los inmigrantes, que tendrían que pagar el 40% de los medicamentos en la farmacia, serían incluidos en un registro nacional.